La necesidad de una Asamblea Constituyente Popular

Dedicado respetuosamente a Gustavo Gatica.
El intento por validar impositivamente al parlamento chileno como «congreso constituyente» responde a la tozudez de la clase política chilena tradicional, de postdictadura, de no soltar ni un ápice los intereses y privilegios que el sistema heredado de la dictadura cívico militar les entregó, y que ellos y otros actores, han perfeccionado durante esa larga resaca autoritaria que ha representado la llamada transición a la democracia.
 
Lo que podemos observar –a pocas horas de que esta información fuese socializada– es antes que todo la penetración, en el mismo Gobierno, de la tesis del «agotamiento» de la Constitución de 1980: ya sea por tener el origen espurio de un contexto dictatorial, o la persistencia histórica de las construcciones jurídicas conocidas como «enclaves autoritarios», o su estructuración en base a «pilares» diseñados en pos de la precarización  y el expolio de las mayorías, y su relación inversamente proporcional con la acumulación de grandes capitales por parte de una minoría claramente identificable, o por una suma de todas las anteriores, en una especie de des-encubrimiento de un «agotamiento de origen» de la Constitución de 1980. En otras palabras; el gobierno se ha sometido, al menos en apariencia, al diagnóstico que el pueblo movilizado ha levantado.
 
Sin embargo, pasado este punto de inflexión de suma relevancia, se vuelve evidente que detrás de la aceptación del diagnóstico se vislumbra un nuevo intento de la clase política tradicional postdictatorial por cooptar y capitalizar, a su favor, la energía que ha originado el momento constituyente. Con este fin, se recurre a las disposiciones presentes en la misma Constitución que se debe rehacer por agotada –“vía institucional”, se declara–, para justificar una pretensión de protagonismo ciertamente impensable para la población movilizada, e incluso, para la muestra poblacional recientemente encuestada por Cadem, que otorga un 78% de acuerdo a la necesidad de una nueva Constitución y un 54% de acuerdo a la Asamblea Constituyente como mecanismo de construcción de la misma. Este intento de captura o encauce corporativista no es exclusivo del Gobierno sino, más bien, responde al modelo de gobernabilidad postdictatorial señalado hasta el cansancio por muchos pensadores chilenos y latinoamericanos durante las décadas de los ´90 y 2000, a saber, la política de los acuerdos.
 
En ese aspecto, es interesante que figuras nefastas como José Piñera denomine a la Constitución de 1980 como la “Constitución de la Paz” en vista de la exclusión que por diversos mecanismos ejercía –y aún ejerce– este documento de las minorías políticamente activas de la sociedad chilena y por tanto del disenso político estructural en los espacios formales e institucionales. Pero también lo es que un pensador relevante, como Humberto Maturana, haya señalado de modo abstracto que el grupo político derrotado en un proceso eleccionario debiese autocomprenderse como «colaboración» y no como «oposición», ignorando que una de las tesis más importantes para explicar el periodo postdictatorial chileno concreto, establece como uno de sus ejes fundamentales, la existencia de una política de los acuerdos, es decir, de una colaboración justamente de los dos grandes conglomerados políticos que la Constitución inducía a crear y a coexistir cooperativamente, generalmente a espaldas de espacios mayoritarios de la ciudadanía. Patética muestra de este fenómeno ha sido la asistencia a distintos espacios televisivos, informativos y magazinescos, organizados más o menos improvisadamente durante la revuelta, de figuras de la otrora Concertación y la recurrente pregunta por la resurrección de esta. Dicha connivencia estuvo tan fuertemente instalada como un aspecto positivo del sistema, que bien pudo «escapar» al análisis de algunos intelectuales, y a la ciudadanía en general, e inclusive presentarse como una salvación a lo que el duopolio postdictatorial ve como una revuelta inorgánica, acéfala y pulsional.
 
Este último intento de colaboración de los elementos constitutivos del duopolio político chileno postdictatorial, ha tomado el nombre de «congreso constituyente», figura a partir de la cual se pretende encauzar el momento constituyente, desde su génesis callejera, múltiple y heterogénea a una resolución institucionalizada, políticamente tradicional, profesional y homogénea (considerada desde la premisa de la colaboración de los grupos históricamente integrantes del duopolio).
 
En el sentido contrario a este intento de imposición, es necesario establecer algunos elementos:
 
Ante todo, está la cuestión de la legitimidad. El congreso es una de las instituciones más fuertemente cuestionadas por la ciudadanía al momento de evaluar la estructura del Estado chileno. En el seno de éste se produjeron gravísimos y transversales delitos en el ítem de financiamiento de campañas políticas; todos, casos que han quedado en una insultante impunidad como bien ha señalado el ex fiscal Carlos Gajardo. Varios de sus integrantes, no obstante haber sido elegidos por votación popular, consagraron su labor parlamentaria a representar los intereses del empresariado en debates y votaciones claves para la productividad nacional, asegurando nichos de negocios para privados, incluso de modo indefinido como son los casos del agua y la explotación del mar.
 
Es relevante también hacer notar los altos grados de desprecio por la democracia observables en integrantes del actual Congreso. En algunos casos, sobre todo en la derecha, se aprecia un feroz negacionismo histórico y contemporáneo de las violaciones a los derechos humanos, posición a la que sirven de ejemplo muy claro Camila Flores e Ignacio Urrutia. Y, en la llamada centro izquierda, los casos de clientelismo político del que la familia Girardi es paradigma, e incluso, las fundadas sospechas de nexos con el narcotráfico en algunas comunas de Santiago del Partido Socialista vuelven, en el contexto actual, completamente ilegítimo al Congreso para llevar a cabo la tarea de redactar una nueva constitución para el país.
 
Obviamente, ninguno de los casos nombrados se limita a un sector político. El discurso adaptativo y selectivo de la Democracia Cristiana respecto de los derechos humanos, ejemplificado claramente en sus declaraciones durante la actual revuelta, y la política de «nicho religioso» de Iván Moreira con sectores evangélicos, son muestra de ello.
 
A estos argumentos, no obstante lo anterior, se les debe dotar de sentido a partir de una idea fuerza o principio, esencial para todo proceso constituyente que aspire a ser democrático, y por ello, contar con la legitimidad suficiente para sostenerse, a él y a sus resultados, en el tiempo, a saber, su carácter mayoritario y participativo. Es decir, su carácter efectivamente popular. El modo en que se construya ese documento es tan, o quizá más, relevante que el propio contenido de dicho documento. Para que la nueva constitución sea democrática y cuente con la legitimación social de la que carece la actual, es imperativo que su proceso de producción sea efectivamente participativo y de un carácter deliberativo y vinculante. En el que los diversos gremios, territorios, sensibilidades socio políticas, etc. sean comprendidos como protagonistas del proceso.
 
Es necesario el protagonismo de las mayorías excluidas y precarizadas históricamente en Chile en tal  proceso, en momentos en que el Congreso –como se ha dicho– está tan fuertemente cuestionado, que debe reconocer su condición de falta de legitimidad para conducir el momento constituyente. La capitalización de este momento constituyente por parte de la clase política tradicional de postdictadura implica imponer al Congreso como instancia constituyente y a la ciudadanía como mero ente refrendante de un documento discutido y redactado (desde la perspectiva histórica) nuevamente por la misma élite política profesional, demostradamente intervenida por los grupos empresariales, involucrada transversalmente en casos de corrupción y, al menos en algunos sectores, explícitamente antidemocrática.
 
Es en este sentido que es posible comprender como una imposición el intento de validación del Congreso como «congreso constituyente», pues, además de los problemas de todo orden expuestos antes, lo más relevante de esta disputa es que fue el levantamiento popular y la claridad de la raíz común de sus demandas la que abrió el momento constituyente, por tanto, al menos sería extraño que se delegara nuevamente en el grupo –que en todos los diagnósticos forma parte del problema– la construcción del mecanismo con que se quiere acceder a soluciones. Ya instalado el diagnóstico, resta sostener la fluidez energética del momento constituyente en los territorios y sus actores (históricamente secundarios o meros espectadores) de procesos de esta índole. La Asamblea Constituyente Popular es la manifestación más clara y democrática de ese sostenimiento.
*Imagen extraída desde ciperchile.cl
Jorge Hernández Pérez
jota.fhernandez@gmail.com