Genealogía de una crisis. Parte I.

Texto escrito por Cristián Cepeda-Oropesa, Ricardo Pérez-Abarca, Silvio Reyes-Rolla.

Conviene empezar con algunas preguntas: ¿existe una crisis del Estado en Chile? Y si es así ¿Existe una conciencia colectiva de la crisis estatal? ¿O estamos solo frente a una crisis neoliberal? ¿Comenzó un proceso constituyente? ¿Ese proceso constituyente comienza con el ciclo de movilizaciones en el 2001 o en el 2006 o en el 2011? ¿Cuál ha sido el papel de los movimientos sociales? Estas preguntas se hacen importantes no solo por el corte teórico e histórico que proponen, sino porque ayudan a vincular el actual proceso constituyente con una genealogía de crisis del Estado-nación y el actual momento de crisis socioeconómica de la sociedad chilena. Norbert Lechner decía: “¿Cómo es posible una comunidad política? O bien, formulándola en términos de una tarea: ¿cómo se construye una voluntad colectiva?”. Bueno, este, y no otro, es el problema del momento, y para ello buscaremos entender la crisis permanente que arrastra el Estado-nación desde su nacimiento y sus distintas características a lo largo de su vida independiente. También anclaremos la mirada en el último quiebre del pacto social (2001-2019), entendiendo la crisis del neoliberalismo como posible momento socio-histórico para la reformulación de la idea de Estado-Nación en Chile y su voluntad colectiva. Así, Chile en las últimas décadas ha vivido profundos cambios en su horizonte político: transformaciones, tensiones, reacciones, en fin, una serie de situaciones que han redibujado el horizonte político, el comienzo de una posible reestructuración del campo de la política.

Debemos entender que el actual Estado chileno es un Estado-nación surgido desde un pacto social incompleto en la guerra de independencia contra el Reino de España, un acuerdo surgido entre militares, caudillos, terratenientes, iglesia y abogados, que dejó afuera al mundo indígena (antes dotado de derecho y autonomías en el pacto colonial), popular-mestizo, afro y a las mujeres; el Estado-Nación partió sus cimientos desatendiendo a la heterogeneidad estructural y cultural, buscando imponer una homogeneidad del ser nacional. Un pacto nacido de un grupo de vecinos, como generosamente les llama Salazar, que, en el contexto de las fuerzas distribuidas y diseminadas posterior a la independencia, buscan pactar el control del incipiente Estado-nación bajo un juego republicano, aunque latencialmente hacendal.

Si bien se pacta bajo una victoria militar (la independencia), una victoria cultural (idea de nación) y una victoria ideológica (librecambismo), todo el sistema centro-periferia de la economía subsiste con sus inalterables instituciones político-jurídicas. Empero, el sistema de alianzas intra-élite es frágil, y sufre constantes modificaciones. Se trata de un Estado que construye su propia inestabilidad política, y adopta la crisis permanente, atrapando rebeliones, resolviendo conflictos. En efecto, al pacto social era necesario dotarlo de un pacto constitucional. Así se avanzó durante el periodo de los ensayos constitucionales (1823-1831), aunque será finalmente a través de las armas donde se consolida una idea de Estado (guerra civil 1829-1831), mantenida sobre una gravitación en el latifundio. Se habla de una república más como una idea que como una realidad. Lo privado mandaba en lo público, la idea de país de lo que es público surge de los intereses materiales de una clase victoriosa ahora librecambista en lo económico, hacendal en lo supraestructural, colonial en lo ideológico. Era el orden portaliano-oligárquico (1833-1891). Principalmente en este periodo se moderniza un ideario político de orden y obediencia de la sociedad civil frente a la autoridad; se consolida el Estado autoritario. Se van así fraguando los primeros límites del Estado-Nación en Chile, que lo preside, además, de nuevas fronteras hacia el sur (1861-1883 guerra al Wallmapu) y hacia el norte (1879 y 1884 guerra del Pacífico). Y, aunque se producen dos guerras civiles (1859 y 1891) –que articulan finalmente los intereses de una elite librecambista centralista frente a otra desarrollista federal–, se crea el régimen parlamentario que centra en su eje articulador al conflicto (1891-1925).

Este Estado es una expresión socio-histórica de intereses y acuerdos, y es también un Estado que nace en conflicto y soluciona conflictos. Por lo tanto, no solo relaciona sino también articula, sabe muy bien con quién hacer alianzas. El Estado es un Estado político, busca alianzas, no busca detener el conflicto. Al contrario, busca administrarlo, incorporarlo, aunque choque con los intereses fundantes, con las perspectivas internas. Crea leyes de protección hacia las mujeres, hacia los indígenas, hacia el mundo popular, aunque sólo fueron un pequeño número de medidas legislativas, como la ley del descanso dominical (1907) y la primera Ley de Accidentes de Trabajo (1916). Sin embargo, la mirada estaba asentada en una labor asistencialista, como la iniciativa de Gotas de Leche (1900-1940) que buscaba extender la puericultura a los sectores más pobres de la sociedad, o en la creación de algunos organismos como la Oficina del Trabajo, el Consejo Superior de Higiene. Se le llamó la «cuestión social» (1880-1920).

Es así que en este nuevo momento el Estado incorpora a nuevos sectores, al menos al relato del Estado-nación, al país que existe como idea, pero no como realidad y, por lo tanto, no da origen una justicia real. Hay también un proceso de incorporación asimilacionista (la infravaloración y olvido de la cultura originaria) o integracionista (crisol que funda una raza nueva a partir del mestizaje) respecto de los pueblos originarios (Mariman). Paulatinamente, el mal desarrollo de la economía nacional, el aumento de la tasa de natalidad y mortalidad, el costo elevado de la vida y una clase política indiferente con los problemas del pueblo fueron socavando la legitimidad del régimen parlamentario (1891-1925). Durante los años de 1918-1919, y coordinada por la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, se generaron las huelgas más masivas en la historia de Chile hasta ese momento y la primera marcha hacia la moneda. Fue el «Chile despertó» del siglo pasado. El gobierno de Piñera de esos años (Sanfuentes) pasó de la represión a la cooptación política, y como nunca antes en Chile se dictaron leyes sociales: se legisló sobre los conventillos, se redujo la jornada laboral (como ahora), y se crearon medidas hacia un sistema de salud realmente público. Surgía entonces un nuevo actor: la ciudadanía.

La acumulación de fuerzas por parte de la clase trabajadora nacida durante los últimos años del extractivismo internacional del salitre, sumada a pequeñas organizaciones pequeño-burguesas regionalistas que habían resultado perdedoras en los pactos sociales anteriores, organizaciones liberales de mujeres, más una masa intelectual y artística, y una nueva configuración social de quienes ostentaban el poder militar, pujaban con fuerza por ser incluidos en un nuevo pacto social. Surgía así la constitución de 1925. A pesar de que el Estado quiere verse así mismo como moderno, ampliándose en su estructura, aún preservaba la materialidad práctica e institucional colonial. Solo que esta vez decide incluir a un nuevo sector al pacto intra-elite: la ciudadanía organizada. Así, se validan y potencian todas las organizaciones que busquen dar una salida política a los problemas sociales, creándose un Estado peticionario. Habrá que organizarse y pedirle al Estado soluciones, se crean las juntas de vecinos, se aumentan las representaciones de nuevos partidos políticos, se crean las organizaciones barriales, sociales, gremiales. El Estado se convierte en un gran edificio que se construye y parece no acabar, pues cada vez son más los grupos organizados que exigen soluciones. Un edificio que está constantemente asechado por grupos e intereses contrapuestos, que hacen del enfrentamiento y el conflicto, nuevamente su eje central. Tenemos, por un lado, a un Estado-nación hacendal, es decir, colonialista, centralista y burocrático en sus instituciones, con una jurisprudencia portaliana, es decir, uno donde la sociedad civil está verticalmente coaccionada a la autoridad, desarrollista en lo económico, y, por otro lado, un Estado peticionista que busca solucionar el conflicto de intereses basado en la organización y la demostración de fuerza.

Ante este nuevo pacto político, social y constitucional, el Estado cada vez empieza a ser más acechado. Ahora son otros los grupos que se suman al interés de habitar este edificio que no se ha terminado de construir. La diferencia es que pareciera que esos grupos acampan en las cercanías del edificio, forman tomas, mientras otros, amparados en alguna coyuntura, buscan asaltarlo. Los menos sienten miedo de quedarse afuera de algún departamento y surge la idea de reformarlo, de superarlo (se crean poderes duales al estado, como el poder popular, como los grupos de autodefensa y las instituciones de la vida social obrera), llegando el Estado a tomar un estilo de gobernanza corporativo, tratando de responder a diferentes intereses sociales y buscar un equilibrio mediante la negociación de los grupos organizados. Finalmente, frente a la ascensión de diversos proyectos trasformadores en lo social (revolución en libertad 1967, socialismo democrático 1971) que centran su accionar en la conflictividad del Estado-nación y su rostro peticionario, provocó que una elite económica-social que posee intereses con capital extranjero se alineara bajo una política internacional, decidiendo imponerse a través de la fuerza de las armas (1973), gestando así un nuevo pacto social, y por lo tanto una nueva delimitación de nuestro Estado-nación (constitución de 1980). En este nuevo pacto se forja bajo una tiranía militar, toques de queda, partidos políticos ilegalizados, persecuciones políticas, secuestros, asesinatos y un sinfín de violaciones a los DDHH.

Se configura principalmente la eliminación del elemento peticionario del anterior pacto social, como también su eje de Estado articulador, pues desarrolla una serie de amares constitucionales que busca promover los consensos sobre la base de la incapacidad institucional de procesar el conflicto (sistema binominal, cuórums supra mayoritarios, senadores designados, senadores vitalicios, vetos de minoría, etc.). Además, reorienta lo económico a un Estado asistencialista y neoliberal. A pesar de sus intentos de modificación (reformas constitucionales de 1989, 1990 y 2005), el Estado-nación quedó configurado en esa genealogía socio-histórica. Un Estado centralista, librecambista, asistencialista, centrado en la búsqueda de consensos para el status quo, y que se vincula con los sectores sociales a través de la burocratización de la política y vaciamiento de lo político y que en última instancia siempre se ha impuesto desde las armas.

La crisis del último pacto, una crisis neoliberal

1990-2000 / 2001-2017. Chile entre tres décadas

En el Chile de los noventa la sociedad intentó avanzar hacia una transición democrática que reorganizara el consenso político del país. Para ello se entregó a unos cuantos hombres de Estado la legitimidad de la política basada en una orientación técnica neoliberal, que para esos años fue garante de una ingeniería institucional y política. Fue así que se instaló una voluntad modernizadora basada en la transformación económica y política del país, insertando de forma definitiva a Chile en la globalización o mundialización de la economía, cuyo centro de poder está en el capital financiero internacional. El Chile neoliberal empieza con Pinochet, pero se sedimenta con la Concertación durante aquella década.

Así, el Chile de la experticia de la gestión de la cosa pública –en tanto fuese entendida como mercado–, fue creando una legitimidad que a la elite y a la sociedad le permitió vivir una apertura que funcionó, como diría Gramsci, como una democratización pasiva desde lo alto. Sin embargo, dicha democratización se sustentaba en el mejor de los casos en el voto con ocasión de elecciones generales, y las promesas de un futuro mejor, que durante los años noventa se sustentaron en la inserción al comercio mediante el crédito privado. Pero como el mercado responde a lógicas del mercado y no de lo público, bastaba el devenir de una variación en las variables macrosociales (como lo llaman los expertos) para develar la fragilidad de dicho pacto social.

Es la llamada transición política, donde el consenso de la clase dirigente buscará la gobernanza que tanto reclamará el capital extranjero, en el modelo social-constitucional que sirvió como ejemplo del neoliberalismo en Latinoamérica. Ahora bien, entendemos que esta transición podría dividirse en tres partes. La primera está abocada a superar las tensiones entre los partidos de la coalición gobernante con las FFAA (en tanto «subordinarlas» a los poderes civiles) y a la eliminación de los senadores designados, por cuya figura las FFAA mantuvieron presencia en el poder legislativo del Estado. Recordemos que en los años 1990 y 1995 ellas salieron a la calle aduciendo la realización de ensayos militares, pero cuyo sentido fue decirle al poder civil que estaban muy atentos a lo que pretendieran hacer con el marco legal y estructural del modelo socioeconómico y la búsqueda de justicia y reparación en materias de DDHH. Tampoco mostraron pudor alguno para amenazar la existencia de un contexto democrático en el país, manteniendo vigente la posibilidad de una restauración dictatorial del sistema político chileno; es lo que algunos llamaron por democracia tutelada. Fue durante los primeros años de esta parte de la transición que dentro de los partidos de la concertación existieron voluntades y posiciones políticas por no implementar las lógicas neoliberalizantes de la economía y la sociedad, lo que posteriormente se terminó diluyendo con los primeros tratados que abrieron la economía a los mercados internacionales bajo la aceptación y lógica del Pacto de Washington, junto con la configuración de una élite dirigente principalmente santiaguina.

Por otra parte, es en este periodo donde el movimiento mapuche empieza a mutar o cambiar ciertas formas de organizarse y plantearse la cuestión política frente al Estado-nación. Durante la dictadura cívico-militar las organización mapuche se habían estructurado bajo un carácter nacional manteniendo vínculos fuertes con partidos políticos (Ad Mapu, Nehuen Mapu, Lautaro Ñi Ayllarewe, entre otras) planteándose su acción política dentro de las estructuras establecidas del Estado-nación (co-gobiernos en el Wallmapu o una participación porcentual de los mapuches en todas las estructuras administrativas y jurídicas del país), no obstante, durante el periodo post-dictatorial van siendo reemplazadas por organizaciones de carácter territorial (CAM, Identidad Lafkenche en Arauco, Asociación Ñankucheo de Lumaco, entre otras), cuyo vínculo con partidos políticos son escasos, orientando su acción política ya sea a la defensa y recuperación de los territorios usurpados, así como proponiendo la autonomía política del pueblo mapuche respecto al Estado chileno (como han señalado Mariman o Gómez). Es en este contexto que las confrontaciones entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche comienzan a ser cada vez más álgidas, particularmente por la represión de las fuerzas policiales, logrando un saldo de quince asesinados desde el 2001 al 2018. Esta primera parte de la transición terminó con las modificaciones que se le hizo a la constitución de Pinochet en el gobierno de Ricardo Lagos (2005), periodo en el que se diluye la amenaza vigilante de las fuerzas armadas.