Tamaño condón ante un gobierno cagón

El recién pasado primero de diciembre, al igual que todos los años desde 1988 en adelante, se conmemoró el día internacional de la lucha contra el VIH/sida. Especial marco encontró dicha efeméride en Chile este año, pues se cumplían 43 días del más intenso y multitudinario estallido de manifestaciones sociales que ha ocurrido en el país desde el fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia en 1989. El estallido ha tenido lugar a lo largo del país y es producto del agotamiento de amplios sectores de la población frente a la precarización de la vida bajo el neoliberalismo. Cualquier manifestación pública por la reivindicación de derechos sociales realizada hoy en Chile tiene como efecto implícito la adhesión de su grito a tantos otros que resuenan coralmente aquí, a los pies de la cordillera.

Para ese día le artista Lucas Núñez, integrante del CEVVIH (Círculo de Estudiantes que Vive con VIH), en conjunto con veinte organizaciones civiles¹ por los derechos sexuales y reproductivos, planearon como acto de protesta ponerle un condón gigante al obelisco ubicado al inicio del Parque Balmaceda −a escasos metros de la Plaza Italia, en estos días refundada como Plaza de la Dignidad, punto de encuentro de todas las manifestaciones. Sin embargo, una seguidilla de desafortunadas eventualidades terminó modificando radicalmente el plan y simbolismo original de su acción, teniendo que literalmente improvisar «sobre la marcha».

Reunidos a horas de la mañana a los pies del fálico monumento y con un preservativo de polietileno traslúcido de catorce metros de longitud –que le artiste había diseñado en conjunto con el arquitecto Francisco Calbacho y fabricado con la ayuda de la diseñadora textil Ignacia Barrera–, los manifestantes se enfrentan a su primer impasse: quien era el encargado de escalar el obelisco para envainar el condón por alguna razón no se presentó. Pero esto no menguó el ánimo; ante el infortunio ellxs decidieron marchar con el preservativo a cuestas y al hacerlo descubrieron que este se inflaba por efecto del aire que ingresaba. Así, este magnífico condón, en vez de constituirse en un dispositivo que opera sobre el ya reconocido carácter masculino, fálico y eréctil del monumento patrio, encuentra por gracia del error un nuevo modo de erectibilidad al ritmo y calor del avanzar de la marcha. Dicha erección ya no es vertical ni inquilina del significado viril de la patria, sino que ahora ofrece una nueva poética del deseo, un deseo inclinado, desviado, producto de un infundado «error», que se abre paso sin permiso por la ciudad reclamando visibilidad y derechos: un deseo sexo-disidente.

Al avanzar, lxs manifestantes, artistas, estudiantes, ciudadanxs y personas viviendo con VIH ocupan de diversas maneras la estructura inflable, la cargan sobre sus cabezas, rebotan sobre ella, bailan la ronda a su alrededor, gritan consignas como “Chile tiene sida Carolín, Chile tiene sida Carolín; es culpa del Estado Carolín ca cao leo lao” e incluso ingresan en su interior. Es el condón de monumentales dimensiones el cual les permite cortar el tránsito y caminar a sus anchas por medio de la principal arteria de la ciudad, terminando por protegerlos a ellxs y no a la Patria hecha monumento como era el plan original. Pero un segundo desajuste tendría lugar cuando, a mitad del recorrido de la marcha, el condón se rompe –paradójica situación– haciendo que lxs manifestantes, “células malignas” –tomando las palabras del general de Carabineros Enrique Bassaletti hacía una semana atrás, cuando comparaba a los manifestantes de las últimas marchas con la enfermedad del cáncer en plena TV abierta–, salgan del espacio profiláctico del interior preservativo y se diseminen por la ciudad infectándonos con su mensaje; en dicho condón se encontraba escrita la frase “EL ESTADO NO NOS PROTEGE”. Acto seguido, ante lo inútil de un condón roto, ellxs deciden colgarlo sobre la Casa Central de la Universidad Pública del país, deviniendo lienzo y/o pancarta, añadiendo a las otras causas que los muros de nuestra ciudad ya gritan: la del resguardo de las garantías sociales y sanitarias que el Estado debe disponer para las personas que viven con VIH y el derecho a la salud y la educación sexual que todxs merecemos.

Sin duda el estallido social que vivimos hoy como país tiene como antecedente las variadas y multitudinarias marchas que, como generación de chilenxs, cargamos en la memoria de nuestros propios cuerpos, desde las movilizaciones pingüinas de 2006, las manifestaciones por una educación «publica, gratuita y de calidad» de 2011, pasando por las más diversas manifestaciones que han tenido lugar a lo largo de la última década por una vivienda digna, por el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por causas medioambientales, por la rebaja de los medicamentos, por el maltrato al pueblo Mapuche, hasta la gran explosión feminista de 2018, todas esas nobles causas están hoy más vigentes que nunca. Teniendo en cuenta todo aquello me pregunto: ¿cuál es la demanda de nosotros, la disidencia sexual, en este contexto? ¿Es posible imaginar un nuevo país sin tener en cuenta la justa y necesaria reivindicación de nuestra diferencia? ¿Es posible que participemos de este movimiento sin tener como demanda más urgente la protección de las garantías sociales y sanitarias para que quienes hoy viven con VIH tengan una vida digna y la educación sexual para reducir sus estigmatización y posibles nuevas transmisiones? Urge interrogarnos sobre cómo nos haremos parte del nuevo Chile que juntos queremos escribir cada vez que nuestros cuerpos se aglomeran en la Plaza de la Dignidad, ya que no es posible una revolución social sin una revolución sexual.

A continuación se reproduce el comunicado que surgió a partir de la intervención:

En el marco de las movilizaciones sociales y la conmemoración del Día mundial de la lucha contra El VIH/sida, como organizaciones de la sociedad civil y personas organizadas por los Derechos Sexuales y Reproductivos declaramos lo siguiente:

El Estado de Chile sistemáticamente ha omitido su acción y protección respecto de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas. Omisiones que han traído consecuencias irreparables para la población, sobre todo en el caso de las mujeres, las personas viviendo con VIH, trabajadores y trabajadoras sexuales, y la comunidad LGBTTTIAQ+. Frente a ello es de suma urgencia avanzar hacia una Salud Pública que garantice el acceso y la atención de salud respetando las necesidades particulares de las poblaciones mencionadas.

Consideramos que la oportunidad única que vive nuestro país para construir una Constitución que emerja del poder soberano de su pueblo, debe ser también una invitación para que la Carta Magna incluya principios fundamentales relacionados con los Derechos Sexuales y Reproductivos que tengan una perspectiva de género, inclusiva y no sexista, que proteja a las personas que han sido víctimas de discriminación y promueva el respeto y dignidad de las personas para avanzar hacia una sociedad que valore la diversidad de sus participantes.

Como organizaciones civiles y personas organizadas por los Derechos Sexuales y Reproductivos hemos trabajado durante décadas para responder a las demandas de poblaciones afectadas por la falta de políticas públicas. Nuestro trabajo también es el reflejo de un país que ha sido gobernado por grupos políticos incapaces de responder a las demandas sociales como el aborto libre, la educación sexual, la no discriminación a la población LGBTTTIAQ+ entre muchas otras que han contado con la fuerza y respaldo de diversas organizaciones que vienen luchando y exigiendo un cambio que hoy se hace patente en todo el territorio nacional.

Agregamos que, frente a la situación del país en las últimas semanas, hemos evidenciado la necesidad por contar con un protocolo de emergencia que garantice los medicamentos para las personas que viven con VIH/SIDA ante situaciones que alteran el orden público como el Estado de Excepción convocado por el actual presidente el día 19 de octubre y que coartó las libertades de movilización en varias comunas y regiones del país. Solicitamos que la entrega de medicamentos se realice cada tres meses con el fin de cooperar en la adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas seropositivas y trabajar para que tanto los servicios públicos como privados puedan contar con un plan concreto que responda a las necesidades de las personas frente a este tipo de urgencias.

Por último, y debido a los diversos casos denunciados desde el 18 de octubre, dejamos constancia a través del presente comunicado que niños, niñas, adolescentes, mujeres y la población LGBTTTIAQ+ ha sufrido violencia sexual tales como violaciones, acoso, desnudamientos entre otras vulneraciones de los Derechos Humanos y que debido al carácter patriarcal del Estado afectan de manera particular a las poblaciones mencionadas. Por este motivo consideramos que es un deber y una obligación del Estado y el Gobierno de Chile asegurar la salud sexual y mental de las personas afectadas por sus propios agentes a través de la entrega de medicamentos o tratamientos que prevengan el VIH (PrEP y PEP: Profilaxis Pre y Post exposición), embarazo (AOE: Anticonceptiva Oral de Emergencia) y otras ITS, así como tratamiento psicológico o psiquiátrico para quienes lo necesiten a causa de la violencia sexual que han ejercido los agentes estatales.

*Imágenes capturadas por el autor del texto