Al finalizar el año pasado se dio a conocer una investigación judicial sobre un importante empresario de la región de O’Higgins, quien escondía en un fundo un tesoro compuesto de piezas arqueológicas y patrimoniales, obtenido del paulatino expolio de distintos espacios públicos del país. Esculturas que en su momento decoraban los paseos del cerro Santa Lucía, plazas de Valparaíso y de Playa Ancha, o que habían sido ofrendas funerarias del Cementerio General, fueron encontradas en los jardines arbolados de la excéntrica propiedad de Raúl Schüler en San Francisco de Mostazal. La misma aspiraba a ser un museo personal, cuyos salones ostentaban cofres de plata, candelabros eclesiásticos, fósiles, armas antiguas, vasijas prehispánicas e incluso platería mapuche. Alrededor de 137 piezas encontradas en lo que la prensa consignó como “la diligencia policial más importante en la historia respecto de la recuperación y protección del patrimonio cultural de los chilenos”. El monto que reunirían todas las piezas recuperadas ascendería a los cinco mil millones de pesos.
Independientemente del delito que esto configura ―que en este país, al provenir de un acaudalado empresario, ha sido tratado con particular guante blanco―, es interesante observar similares antecedentes de este comportamiento. Quizás podamos reconocer la idiosincrasia de clase que los motiva, caracterizada por precarizar el patrimonio de su comunidad (en este caso, estético, urbano o arqueológico) en detrimento de preservar una identidad colectiva y elevar material y moralmente el entorno. ¿Qué actitud se revela, entonces, en esta práctica que lo rebaja y empobrece?
Un hecho no menor aporta antecedentes para responder esta cuestión. A mediados del año pasado vio la luz una noticia sobre la desaparición de un museo completo de arte grecorromano donado por el Ashmolean Museum de la Universidad de Oxford a la Municipalidad de Santiago para celebrar el comienzo de una nueva vida republicana con el «retorno de la democracia». Durante el año 1992, bajo la administración del alcalde Jaime Ravinet, el profesor británico Michael Vickers gestionó el traslado desde Inglaterra de 120 réplicas escultóricas de mármol de distintas colecciones europeas. Incluso habían algunas piezas originales romanas, tales como lámparas y utensilios. La donación permitiría fundar el primer Museo o Centro de Arte de la Antigüedad Grecolatina del país, para lo que el entonces alcalde de Santiago realizó todo un show protocolar, en un ir y venir de misivas donde agradecía profundamente la donación permitida por el profesor británico, anunciando su próxima, inminente instalación.
Sin embargo, el museo jamás se levantó. Nadie se hubiese enterado de este engaño si no fuera por una alumna chilena de estudios doctorales a cargo del profesor británico, quien siendo consultada por si conocía aquel museo negó su existencia. Jamás fue construido; tres toneladas de esculturas de objetos arqueológicos habían desaparecido en manos de los mismos responsables de entregarlas al público de su comunidad, empobreciéndola y privándola de espacios para el aprendizaje y el conocimiento.
Como una triste broma, consultado este año el exalcalde reconoció que el Museo de la Cultura Clásica no se construyó por la falta de valor de las piezas donadas.
Imposible saber en qué jardines patronales se encuentran esas 120 estatuas de dioses y héroes grecorromanos o qué nexos con el mercado negro hubo para reducir semejantes piezas arqueológicas. Lo que sí podemos determinar es que el crimen hacia la cultura y el patrimonio público se ha implementado en este país bajo una oscura impunidad. En el caso del museo perdido, hasta el día de hoy no hay responsables de semejante atentado público. Los medios de investigación para rastrear la pérdida de piezas patrimoniales o no existen o están apenas en pañales.
Otro antecedente histórico de esta práctica de expolio patrimonial fue llevado a cabo por un distinguido personaje. Nos referimos al mismo remodelador del cerro Santa Lucía, quien mandó a labrar sus actuales jardines y caminos decorados con motivos europeos; el señor Benjamín Vicuña Mackenna, quien no tuvo mejor idea que, mientras se intervenía el cerro, mandar a trasladar a su propia residencia unas piedras tacitas que los habitantes indígenas del valle habían tallado quizá hace cuánto tiempo. Piezas arqueológicas únicas que fueron instaladas en su casa, reproduciendo fielmente aquel sentimiento de menosprecio por el espacio público a favor de un usufructo privado. La misma actitud que el poder ha sostenido frente a la sociedad que fue sometida, siempre despojada, permanentemente empobrecida.
La consideración de estos antecedentes conduce a observar una expresión de la idiosincrasia de los círculos consolidados del poder de este país, de su particular espíritu, ya sea empresarial o político: cómo conciben a la sociedad que ellos dominan y a la que despojan sus riquezas. En pocas palabras, lo que se alberga en el fondo de aquel carácter, de aquella sintonía social, no es otra cosa que un desprecio hecho institución. Una soberbia que desdeña a todo aquello que englobe la palabra pueblo, hacia el espacio común, hacia los derechos que libremente permiten la experiencia social en torno al enriquecimiento colectivo y comunitario.
¿Cómo analizar los rasgos de esta idiosincrasia que desprecia a lo público? Ante todo, considerar el germen egoísta del que emana el odio que excluye a lo distinto, cuyos frutos podridos son el clasismo y el racismo (como también la homofobia y la misoginia), fundados en un sentimiento alucinante de superioridad que rebaja y menosprecia a los que no comparten sus privilegios. Ello explicaría las declaraciones del empresario de la región de O’Higgins, quien afirmó que sus motivaciones para incluir en su patrimonio privado las reliquias incautadas eran ante todo protegerlas de la escasa preocupación pública por conservarlas. Sin embargo, al fingir esas burdas buenas intenciones desliza su desprecio hacia la comunidad, a la que no debe considerar apta ni para conservar ni apreciar su valor. El clasismo que ostenta el empresario es en el fondo una prédica de codicia.
Cabe tener en cuenta una cosa: hasta donde entiendo, el saqueo, el despojo, el deterioro del patrimonio de una comunidad opera comúnmente bajo la lógica de la dominación bélica, donde un grupo conquistador roba las riquezas de los sometidos e impone por la fuerza sus privilegios. ¿Es que aquí a los poderosos les falta una guerra por declarar? Quizá así se explique la precariedad a la que ha sido sometida la república, es decir las cuestiones públicas, encargadas supuestamente de amparar las buenas condiciones que cohabitan sus miembros. Pero en medio de una especie de guerra silenciosa que saquea y empobrece al país, los poderosos que dirigen el tinglado económico de las instituciones se convierten en antisociales, encubiertos bajo la apariencia pomposa de prestigio y autoridad.
Perfil del autor/a:
