*Este texto comparte autoría con Victoria Hernández Díaz y Nicole Sáez, integrantes de la Red de radialistas feministas y lesbofeministas de Chile. Audio de la entrevista disponible acá.
Christian Pino, Andrea Concha y Cristina Segundo son los nombres de los tres gendarmes involucrados como únicos responsables de la tortura que vivió Lorenza Cayuhan en octubre de 2016 en el proceso de parto de su hija Sayen cuando debió dar a luz con grilletes en una sala de la prestigiosa Clínica de La Mujer en la ciudad de Concepción mientras se le realizaba una cesárea de alto riesgo producto de una preeclampsia no atendida a tiempo.
Hasta la fecha aún no hay resolución judicial, tras varias suspensiones. Actualmente, más de dos años después, este próximo 15 de abril comienza el juicio simplificado contra los gendarmes.
Tras 3 años de este delito impune por los funcionarios de salud, funcionarios de gendarmería y el Estado de Chile, nos acercamos a conversar con Lorenza Cayuhan, en su Comunidad Mapuche llamada Mawuidanche, ubicada en la región del Bio Bio, comuna de Cañete; Tierras de Alto Antiquina, las cuales proclama ser de sus antepasados Mapuche Lavkenche y parte del Territorio mapuche, Wallmapu.
Lorenza cuéntanos, queremos que el mundo sepa, ¿Quién es Lorenza Cayuhan?
―Yo soy Lorenza Cayuhan, de la comunidad Mawidache de Alto Antiquina. En el tiempo antes que fuera procesada judicialmente, era dirigente de la comunidad.
¿Cuál es la lucha que llevan como comunidad?
―Recuperación de tierras de los predios de Volterra, hay algunos que son de forestal Arauco y Mininco.
Actualmente la tierra llamada Alto Antiquina está en manos de dos gigantes de la industria forestal, CMPC del grupo Matte y Arauco del grupo Angelini, quienes en dictadura de forma fraudulenta, junto al Estado de Chile y sus amparadas legislaciones denominaron esas tierras de «aptitud forestal», expropiándolas para la subsistencia alimenticia (agricultura) y de paso violentando la espiritualidad y cosmovisión de las comunidades mapuche de la zona con fines lucrativos, siendo las responsable de la escasez hídrica y los problemas de salud de la población del territorio.
En este contexto, de usurpación y nula voluntad política del estado chileno para reconocer y asumir la deuda histórica con el pueblo mapuche, es que las comunidades mapuche de la zona han decidido hacer ocupación de faenas forestales y autoproclamarse como Lov en resistencia. El Estado de Chile ha respondido con una política sistemática de persecución, hostigamiento y represión hacia los miembros de estas comunidades movilizadas, con especial ensañamiento hacia dirigentes que reivindican tierras a empresas forestales.
¿Cuál es la situación judicial que vivió?
―Forestal Arauco fue la empresa que nos llevó a la cárcel… Lo que yo viví, ya que fui yo la que fue más perseguida. Me llevaban cerca de medio año siguiéndome, porque hubieron fotos que salieron después en los juicios, de cosas que andaba haciendo y me di cuenta que me estaban siguiendo durante bastante tiempo.
Mi familia fue víctima de allanamientos, porque en mi comunidad allanaron todo, trajeron más de 50 efectivos y 2 helicópteros. Ahí fueron golpeados, tiraron bombas, hubo amenazas con armas para que entregara información, para mí y para mi hijo, que tenía en ese entonces 9 años. Estuvo con psicólogo y todas esas cosas, ya que era mucho el miedo que él sentía. Había hartos niños en ese momento y todos quedaron traumados, ahora ven un carabinero y salen arrancando, es un proceso bien complicado y yo creo que ellos están con esa idea y no se les va a salir. Se militarizó la zona, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar.
Lorenza Cayuhan fue detenida el 15 de Diciembre del 2015 acusada por un testigo sin rostro del supuesto robo de una motosierra, un cooler, un GPS, una lima, un hacha y una cámara a trabajadores de la empresa FUMIVAR, prestadora de servicios de Forestal Arauco.
Junto a otros seis mapuche miembros de la familia Cayuhan, Lorenza fue condenada a 5 años y 61 días, cuando el Tribunal Oral en lo penal de Cañete desestimó lo señalado por la Corte de Apelaciones de Concepción sobre la utilización de la figura ilegal inventada por la PDI referente al uso de un testigo ocasional a la que en respaldo, el ministerio público describió como un colaborador habitual de la policía, que no quería revelar su identidad, ni menos prestar declaración al tribunal. Lorenza tenía ya 4 meses de embarazo cuando fue condenada.
En octubre del 2016 Lorenza Cayuhan, cumpliendo condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo.
¿Cómo fue vivir un embarazo en prisión?
―Yo me sentía mal hace muchos días, como quince días antes de que naciera Sayen, había un solo paramédico en ese tiempo, y nunca me tomaron en cuenta, siempre fui a paramédico, que me sentía mal, tenía muy hinchados los pies, la cara, todo el cuerpo, ellos nunca quisieron hacer nada.
Estaba con síntomas de parto el último día, no podía caminar; por eso me sacaron… mi bebé estaba por nacer, iba todos los días, las internas me ayudaron. Si no me llevan, mi bebé muere porque ya no tenía oxígeno.
“El 12 de octubre, mujer mapuche recluida en el CDP de Arauco, embarazada de aproximadamente 8 meses, fue trasladada al Hospital de Arauco por molestias físicas debidas a su embarazo. Dado la gravedad de su estado de salud, tuvo que ingresar al Hospital Regional de Concepción. Durante los 72 km de distancia para el traslado, la víctima quedó engrillada en la ambulancia, sufriendo molestias físicas debidas a las contracciones y la gravedad de su enfermedad. El 13 de octubre, ingresa el Hospital Regional de Concepción. Allí, fue engrillada en la sala de parto, de la cual se exhortó a los funcionarios irse, petición a la cual accedieron. Frente a la urgencia de su situación, la víctima tuvo que ser de nuevo trasladada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, traslado que se hizo con la victima engrillada. Engrillada a la cama del hospital, fue conducida a la sala de pre parto. Un funcionario masculino se quedó en la sala, mirando como la mujer se desnudaba para vestirse con la bata clínica, asistiendo a los exámenes ginecológicos. Sólo accedió a quitar las esposas de los tobillos de la víctima, para que le pudieran poner medias de contención, y la volvió a engrillar después. El funcionario también se quedó en el pabellón, donde se practicó la cesárea, habiendo puesto esposas a la víctima entre los dos tobillos. La mujer dio a luz a una niña, engrillada, y en presencia de un funcionario de policía”, Recurso de amparo Lorenza Cayuhan (Caso engrillada) INDH.
―Ellos no solicitaron en ningún momento sacar las medidas de seguridad, porque en Arauco sí la solicitaron porque en Arauco yo llegué con chaleco, con grilletes en los pies y en las manos, y ahí la matrona les pidió a ellos que tenían que sacarme todas esas cosas, pero solamente ahí, saliendo de ahí ellos nuevamente colocaron las medidas de seguridad.
En diciembre de 2016 la segunda sala de la Corte Suprema determinó en un fallo unánime que “El Estado ha transgredido su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería, al permitir que aquella que se encontraba en una condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos que debieron evitarse”. Además, en la misma oportunidad se concluyó que el maltrato recibido tuvo origen discriminatorio debido a su pertenencia a una comunidad mapuche, constituyendo una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación”. Lorenza mujer, madre, mapuche, embarazada, prisionera del Estado chileno.
En búsqueda de responsables, se inició la investigación por parte del Depto. de Derechos Humanos del Colegio Médico encabezada por el doctor Héctor Morales, donde se determinó la responsabilidad de cuatro médicos y se acreditó la tortura y trato inhumano a Lorenza. Sin embargo la sanción a Morales finalmente fue revocada.
La próxima audiencia de juicio es contra los gendarmes que participaron en tu parto ¿qué pasó con los trabajadores de la salud, que también fueron parte del proceso?
―No sé porque no fueron formalizados. Porque en este caso, el encargado es Fiscalía; Fiscalía encontró que los culpables eran únicamente los tres funcionarios. No hubo ni siquiera el director regional, que ahora a todo esto es director nacional de Gendarmería. Entonces es como ilógico, mientras más cosas malas hacen es más fácil para ellos ascender, entonces no entiendo.
Llama la atención y no es casual que Chistian Alveal actual director nacional de gendarmería, haya sido efectivamente ascendido y no expulsado de sus funciones, luego de que el año 2016, como director Regional del Bio Bio, fue quien permitió y resguardó los abusos en contra de Lorenza y Sayen. Christian Alveal, el mismo que como jefe operativo titular de Gendamería en la Cárcel San Miguel y producto de su pésima gestión permitiera que un incendio en la torre 5 terminara con la vida de 81 hombres privados de libertad el año 2010.
El trato inhumano y tortura en contra de Lorenza y Sayen gatilló el cuestionamiento sobre la realidad particular que viven las mujeres en contexto de encierro, considerando la evidente crisis del sistema penitenciario chileno, tanto a nivel legislativo como nivel orgánico interno. Desde el hacinamiento y las deficiencias de las estructuras, hasta el acceso insuficiente a agua potable, la mala alimentación y falta de atención médica son algunas de las situaciones cotidianas, que se acentúan considerablemente en los recintos donde habitan mujeres.
¿De qué manera la prisión, cumple con los derechos de una madre embarazada y niños/as en proceso de lactancia?
―No hay controles como corresponde, ni para uno ni para los niños. Recién ahora Sayen esta con sus controles. Va una enfermera, la revisan y se van, porque de Sayen no existe ningún registro. Sayen es prematura y no tiene ni un control como niña prematura, cuando salimos fue ingresada como niña prematura. Ella debió haber tenido controles cada dos meses, no como un niño normal que es cada seis. Nunca se me informó que tenía que ser así, yo creo que se las arreglan entre ellos, si hubiese sido una profesional me hubiese informado… cuando salí me entere de cómo era el proceso con un niño prematuro. Ahora recién Sayen a los 2 años normalizó sus controles… ahora es tarde, si le llega a pasar algo, nadie es el responsable.
Un grupo de ONG’s junto con el grupo legislativo de Alejandro Navarro crearon un proyecto de ley que buscaba solucionar los problemas de las mujeres y de la infancia en prisiones. El proyecto buscó modificar dos aspectos del Código Procesal Penal; el artículo 141, donde se agrega la improcedencia de tomar en prisión preventiva a mujeres embarazadas o madres de infantes menores de tres años. Por otra parte, se incorpora el artículo 468 bis, el cual, dentro de la reglamentación durante el cumplimiento de la pena, crea una institución que suspenda la ejecución de la pena cuando las condenadas son mujeres embarazadas o madres de menores de tres años, suspensión que se extenderá hasta el cumplimiento de dicha edad o bien la posibilidad de extenderla por tres años más en caso de que sus infantes presenten alguna enfermedad grave o discapacidad física o mental.
Este proyecto fue ingresado al congreso para su discusión, pero hasta la fecha no hay resultados de su modificación y/o aprobación, ni presión de sus propulsores políticos.
―La corte suprema ordenó, cuando se puso el recurso de protección por Sayen, que hubiera un lugar mejor. Me di cuenta de que antes de venirme, ya las condiciones habían cambiado; porque yo hice reclusión nocturna tres meses, solamente iba a dormir a la cárcel, entonces cuando llegaba allá me daba cuenta de que habían llenado de camas el comedor, que habían más embarazadas y que al final volvió a ser lo mismo y yo esperaba que no hubiese sido así. Lo mismo que solicitaba yo, que nadie más vuelva a tener su hijo de la forma que yo la tuve a Sayen y que las condiciones fueran mejoradas, pero al final todo fue algo pasajero, porque ya todo volvió a la normalidad. Que impotencia, qué podemos hacer, porque yo sé que hay mujeres y hay mamás igual que yo, y una como mamá igual se coloca en el lugar de la otra mamá que cómo me siento yo en un espacio pequeño de tres por tres todo un día, porque la visita es todo el día, y como me siento yo todo el día ahí y estar toda la noche también hasta el otro día…
¿Qué esperas de este nuevo proceso judicial?
―Yo creo que no va a haber justicia. O sea no hubo, no va a haber, no habrá; lo hemos sabido de un principio. Nosotros como mapuche siempre somos mirados como debajo de ellos, de hecho lo he dicho en varias entrevistas que siempre ellos se van a defender entre ellos, que el fiscal del caso en vez de estar de mi lado, está para el lado de ellos. O sea los defiende a ellos en vez de a mí, porque eso es lo que correspondería. Me di cuenta cuando fui a la última audiencia y creo que no va a ver, ni soñando… creo que va a ser mínimo lo que ellos van a obtener, y para mí va a quedar siempre; ellos hacen su trabajo, hacen su vida normal, en cambio para mi va quedar algo marcado y que no se va a poder olvidar, porque yo fui la que viví todo el proceso.
La red de Apoyo a Lorenza y Sayen compuesta principalmente por mujeres penquistas autoconvocadas se han articulado a través de distintas acciones y comunicados en torno a la consigna de «Justicia y Reparación para Lorenza y Sayen» y así, en conjunto a diversas organizaciones sociales, territoriales, nacionales e internacionales, artísticas, feministas y culturales, han firmado una declaración pública donde exigen al Estado Chileno “que reconozca y se manifieste ante los hechos de violación a los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud física y psíquica, el derecho a no ser sometida a la violencia de género, la vulneración de los derechos del niño/a y los derechos específicos consagrados en el convenio 169 de la OIT y la declaración ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas”. El Estado chileno, aseguran, “debe responder ante el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalan que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
*Fotografía principal: Dragomir Yankovic/Aton Chile
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