¿Error o discriminación deliberada? Estudiantes migrantes excluidos de la Educación Superior.

Los primeros días de cada mes de enero, quienes postulan a la Educación Superior en Chile esperan conocer cuál es su nivel socioeconómico (NSE) según el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), que completaron meses antes sobre la base de su declaración e información contenida en el Registro Social de Hogares. Es muy importante este dispositivo clasificatorio implementado y analizado por el área de Beneficios Estudiantiles del Ministerio de Educación (MINEDUC). De aquí se derivan a cuáles beneficios económicos los estudiantes podrán optar para iniciar y continuar estudios universitarios o técnico-profesionales en instituciones acreditadas y adscritas a las distintas formas de financiamiento dispuestas por el Estado: gratuidad, becas y créditos. Durante los 3 días que dura el proceso de matrícula, en el mismo mes de enero, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica deciden eximir o no a un estudiante de pagar la matrícula en función de su clasificación socioeconómica.

El caso de los estudiantes extranjeros es especial. Pueden completar el FUAS si y sólo si cuentan con alguna visa de residencia en Chile –temporaria o definitiva–: la plataforma creada sólo les permite ingresar con RUN y no con el identificador provisorio escolar. Sin excepción, todos los beneficios socioeconómicos del Estado están condicionados por el estatus nacional y/o de regularidad migratoria. Por lo tanto, el dispositivo clasificatorio del MINEDUC debería trabajar coordinada y sistemáticamente junto al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

Inmediatamente, narramos qué sucedió este año, cuáles fueron algunas de sus consecuencias, y qué se pudo haber previsto y resuelto con una voluntad política inclusiva. En enero de 2024, miles de estudiantes extranjeros fueron clasificados como parte del 60% de hogares con menores ingresos del país y titulares de alguna forma de visado –parte de las exigencias que les atañen–. Sin embargo, el MINEDUC les notificaba vía sistema que no calificarían para gratuidad debido a información migratoria errónea. No podemos precisar la cifra exacta de estudiantes afectados. Desde hace dos meses, basándonos en el principio de transparencia que resguarda la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitamos la cifra de estudiantes afectados a la Subsecretaría de Educación Superior; pero negaron por escrito el error. En paralelo, pedimos una reunión por Ley de Lobby a la misma Subsecretaría y, con un mes de retraso según los plazos de respuesta estipulados, rechazó nuestra solicitud argumentando que “no corresponde con las materias asociadas a dicha Ley”. Organizaciones de la Sociedad Civil, un medio de prensa migrante, jóvenes extranjeros y sus familias se comunicaron y reclamaron al MINEDUC. Reclamos a los que el Ministerio respondió de manera interna, invitando a los estudiantes a pagar la matrícula y apelar, en marzo, por los conductos establecidos para tal fin.

Esta salida que el MINEDUC ofreció a quienes reclamaron no sólo es un lavado de manos frente a su negligente gestión como institución mandatada a garantizar la proyección social del Estado en materia de justicia educacional. Además, se burla cruelmente de la realidad de la mayoría de las familias migrantes. Asume el MINEDUC que, indiscutiblemente, dichas familias cuentan con los cuatrocientos mil pesos que puede llegar a costar una matrícula y no que dependen de la gratuidad para poder matricularse en la Educación Superior; asume que, si por otro error “imprevisto” llegaran a perder la apelación a la que los convocan, los estudiantes podrán asumir un crédito; o, que conseguirán elaborar hábilmente la frustración de abandonar sus estudios en contra de su voluntad y se incorporarán alegremente al ejército de precarizados por las políticas educativas raramente inclusivas de las que se jacta el Estado chileno.

Algunos estudiantes decidieron recurrir a la apelación. Según la plataforma de Beneficios Estudiantiles del MINEDUC, debían obligatoriamente adjuntar el Certificado de Vigencia de la Permanencia Definitiva (PD) entregado por la Policía de Investigaciones (PDI). ¿Por qué la exigencia de este documento es otra barrera para que jóvenes migrantes accedan a la Educación Superior? La nueva Ley de Migraciones del año 2020 trajo aparejada una técnica neoliberal de gestión denominada “interoperabilidad de los trámites migratorios”, la cual intenciona la automatización de los datos y su intercambio entre distintas instituciones a quienes interese la información de personas migrantes. Pero, en la práctica, el o los sistemas para garantizar la interoperabilidad están lejos de ser eficaces: existen demoras significativas en la actualización de las bases de datos y, asimismo, su intercambio entre las instancias que las requieren. Sin embargo, argumentando la puesta en marcha de la mencionada técnica, la PDI entrega discrecionalmente el Certificado de Vigencia. A veces demoran días, otras, meses; no quedando expuestos a sanciones si deciden no entregarlo nunca. A propósito de esta exigencia introducida por el MINEDUC, reclamamos a la Superintendencia de Educación Superior. Nos llamaron desde el Ministerio de Educación, por vía telefónica, para conversar sobre el asunto y, ¡oh sorpresa!: ya habían recibido reclamos de estudiantes migrantes de regiones a quienes la PDI no les había facilitado el Certificado de Vigencia de la PD. Nos explicaron que la exigencia del documento había quedado establecida desde el 2016 (cuando entró en vigencia la gratuidad); y, que ningún funcionario del MINEDUC había reparado en que la exigencia del certificado en la actualidad era potencialmente una barrera para el acceso a gratuidad: la persona a cargo en SERMIG de trabajar con el MINEDUC para lo relativo a asignación de beneficios económicos, renunció justo antes de iniciarse el proceso de matrícula. Se comprometieron a poner un anuncio en la página de Beneficios Estudiantiles para establecer el Certificado de Vigencia como opcional a cambio de que adjuntaran la Resolución Exenta de la PD en la apelación. Una alternativa razonable, porque este documento llega por correo una vez que se te aprueba la permanencia definitiva. ¿Qué pasó? Lo del anuncio no ocurrió y el proceso de apelación ya cerró.

Hasta hoy, ni el SERMIG ni el MINEDUC han reconocido sus responsabilidades en estas disposiciones. No obstante, dejaremos por escrito tres propuestas por si acaso quisieran hacerse cargo en el futuro.

• Para que el MINEDUC no dependa exclusivamente de los datos migratorios entregados por el Servicio de Migraciones podría incluir en la completación del FUAS un espacio donde los estudiantes migrantes carguen su certificado de visa –en trámite, temporaria o definitiva–; o donde, simplemente, declaren cuál es su estatus migratorio. Para gestionar este cúmulo de datos, cada año durante noviembre y diciembre, el MINEDUC podría contratar temporalmente profesionales cuya misión sea cotejar casuísticamente lo declarado. De modo que el MINEDUC no podría sentarse a esperar que, buenamente, el SERMIG mantenga actualizadas sus bases de datos y que lo informen oportunamente. Así, como debería ser, el MINEDUC se anticiparía frente a posibles errores de los sistemas automatizados del SERMIG; enfrentando descuidos que atentan contra la igualdad y la continuidad de las trayectorias educativas de los jóvenes migrantes. Haciéndolo, además, se afirman la comunicación y la transparencia interinstitucional como estrategias que sí pueden perfeccionar la democracia.

• Incorporar a la gratuidad a aquellos estudiantes extranjeros que hayan reconocido sus estudios realizados en su país de origen u otro, considerándolos como si hubiesen cursado toda la Enseñanza Media en Chile. El propósito del reconocimiento de estudios es homologar saberes y, si se quiere, hacerlo es una clara demostración del interés individual del estudiante migrante por superarse e insertarse a la sociedad chilena.

• Modificar o crear un decreto-ley específico que permita a estudiantes con visa definitiva o temporaria y que hayan cursado, al menos, un año de la Enseñanza Media en el país puedan contar con el beneficio de gratuidad para estudiar en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Chile tiene un déficit enorme de técnicos calificados –según SENCE, anualmente faltan seis mil técnicos profesionales aproximadamente–. Los estudiantes migrantes, frente a la necesidad de mantener o mejorar su estatus migratorio y obtener empleos mejor remunerados, podrían interesarse por continuar estudios en tales instituciones. Asimismo, constituiría una medida favorable para fortalecer el desarrollo técnico de Chile.

Finalmente, no dejaremos de mencionar la escasez de profesores en el país. Frente a ella, ¿por qué la Beca de Vocación Pedagógica mantiene como requisito “ser chileno”? Lo mismo ocurre con la Beca Milenio –incentivo para que los jóvenes opten por la educación técnico-profesional–.

A todas luces, llamarle error a lo sucedido es otro de los eufemismos que profundizan los sentimientos de desigualdad entre los que nos educamos y aprendemos a vivir en el Chile neoliberal. Deliberadamente, MINEDUC y SERMIG incurren en un hecho discriminatorio.