La suspensión de la aplicación de la Ley Lafkenche: una expresión (más) del racismo del Estado de Chile

En 2008, se creó la ley 20.249, también conocida como Ley Lafkenche. A través de ella se creó la figura de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), que tuvo como objetivo reconocer los derechos emanados del vínculo ancestral de comunidades originarias con el borde costero.

La creación de esta ley marcó un hito en el camino de reconocimientos y reivindicaciones territoriales de los pueblos ancestrales frente al Estado chileno. Además, ha sido “una figura legal fundamental para que puedan gestionar de manera sostenible los territorios costeros, promoviendo la conservación de los ecosistemas marinos frente a la sobreexplotación y el daño ambiental.”, declara la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar.

Sin embargo, el pasado 21 de noviembre el Congreso de la República de Chile aprobó una indicación destinada a suspender el ingreso de nuevas solicitudes de creación de ECMPO por todo el próximo año, junto con poner en peligro las que están en proceso. Esto, porque la indicación obliga a que el 62% de las solicitudes de ECMPO que hoy se encuentran en trámite a nivel nacional, sean resueltas en un plazo de seis meses. De no ser así, las solicitudes serían rechazadas, desconociendo el procedimiento administrativo establecido en la propia ley.

Esta acción, impulsada inicialmente por los senadores Marcia Raphael y Mauro González (ambos RN) en el marco de la Ley de Presupuestos 2025, amenaza directamente los derechos sancionados por la Ley Lafkenche, por lo que sería inconstitucional y regresiva.

Estos eventos han generado alarma en las comunidades originarias y defensores de los territorios costeros. En el comunicado de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, se sintetiza lo que significa una medida como esta:

«Para abordar las falencias estructurales en la tramitación de los ECMPO, en lugar de garantizar la plena aplicación de la ley que protege los derechos y usos consuetudinarios de los pueblos originarios —afectada por serios incumplimientos y prolongadas demoras que superan ampliamente los plazos legales—, se ha propuesto suspender la tramitación y redirigir los recursos de los servicios responsables hacia otras áreas con carencias económicas y de recursos humanos. Esta medida no solo evita resolver las demoras administrativas que son principalmente responsabilidad del Gobierno, sino que perpetúa los atrasos y las incertidumbres que han sido razones por las cuales se generan conflictos socioambientales, y la incapacidad del Estado para responder oportunamente a los requerimientos, aumenta las tensiones que impactan directamente a las comunidades originarias».

En el mismo comunicado se reúnen voces que urgen a tomar posicionamiento respecto a lo que sucedió en el Congreso, lo cual responde a lógicas históricas de racismo del Estado.

Karina Vargas, coordinadora de Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano, señala:

“Es lamentable que en Chile no exista una garantía efectiva a los derechos de los pueblos originarios. Sus derechos parecen estar siempre en tensión y dependen de los intereses de otros grupos, lo que genera mucha incertidumbre en las comunidades, y los desvía una y otra vez de sus prioridades de vida. En este sentido la aprobación de esta indicación, expresa el racismo del Estado, que no puede resguardar los derechos de grupos de especial protección, limitando sus posibilidades de desarrollo, y recortando sus derechos sin participación ni consulta de los principales afectados”.

Yohana Coñuecar Llancapani, Co-coordinadora RDM, territorio de Walaywé, declara:

“La ley lafkenche, comúnmente llamada así, no solo reconoce el uso tradicional que las comunidades originarias Lafkenche (personas del mar) realizan en el borde costero, sino que hoy esta ley es invocada por todos los pueblos originarios de todo el litoral de Chile. Es un instrumento que entrega seguridad en cuanto a las prácticas consuetudinarias que se pueden realizar de maneras conectadas con nuestra espiritualidad en un mar que, siendo regulado por la ley de pesca, desconoció profundamente esta conexión vital para una persona originaria. Hoy los ECMPO proponen conectar y relacionar los conocimientos ancestrales para la protección del mar y de su vida biológica. Han vuelto a darle validez y nombres propios a los territorios que, de cara hacia el mar, han vuelto a escuchar su llamado”.

Pérsida Cheuquenao Aillapán, Co-coordinadora RDM, territorio Trewako:

“Una vez más se vulneran nuestros derechos como mujeres defensoras del mar, como madres y protectoras de la soberanía alimentaria, quienes salvaguardamos los alimentos y los saberes ancestrales que existen en nuestro territorio. La ley lafkenche favorece el desarrollo sostenible de los recursos, el respeto a los usos consuetudinarios y la conservación, lo cual es fundamental tanto para el presente como para las futuras generaciones.

No permitiremos que en nuestros territorios se instalen industrias que buscan corromper nuestra existencia como pueblos originarios”.

La Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar de en su comunicado, emplaza “a las y los parlamentarios de pueblos originarios a asumir un rol activo en la defensa de los derechos que les corresponden y que han sido reconocidos por ley. Asimismo, hace un llamado urgente a las comunidades y ciudadanía a observar críticamente a quienes cumplen como representantes, hoy y en el futuro, en el parlamento y así en todos los espacios de toma de decisión”. También declaran estar evaluando las acciones jurídicas y administrativas que sean necesarias.

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