Las cooperativas mineras y el asesinato de Rodolfo Illanes

/ por Macarena Orellana Caperochipi 

En los últimos días la política boliviana se ha visto convulsionada por el conflicto entre el gobierno y las cooperativas mineras que, mediante el bloqueo de caminos y enfrentamientos con la policía, han remecido el acontecer nacional.  Sin embargo, lo que más ha impactado es el asesinato (supuestamente bajo condiciones de tortura) del Viceministro del Interior Rodolfo Illanes y de al menos tres mineros cooperativistas. Frente a lo anterior, es importante atar algunos cabos que nos permitan comprender la relación entre el Estado boliviano y el mundo minero (específicamente a partir de qué es el cooperativismo o cuentapropismo), dando cuenta con ello del origen del conflicto desde una perspectiva más amplia.

En primer lugar, es importante mencionar que el cooperativismo minero surge a finales de la década de 1920 debido a la crisis económica mundial que, en el caso boliviano, derivó en una crisis de la minería del estaño –la que entonces se configuraba como el eje central de la economía nacional bajo poder oligarca-. Los despidos masivos que se produjeron a raíz de lo anterior, dieron paso a la organización de los mineros, configurando pequeñas asociaciones en torno a parcelas de explotación que permitieron paliar la crisis de mejor manera.

La Revolución Nacional de 1952 liderada por el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza, trajo consigo la nacionalización de la minería y la creación de la Corporación de Minería de Bolivia (COMIBOL). Lo anterior, potenció la minería estatal y su control por parte del Estado, debilitando con ello el corporativismo minero. Es importante destacar que el Estado del 52’ y la nacionalización de las minas vino de la mano con el auge de la sindicalización obrera a partir de la creación de la Central Obrera Boliviana (COB) como un actor político que logró incluso el co-gobierno con el MNR. La centralidad política de los mineros sindicalizados se sumó a su capacidad de manejo de armas, ya que otra de las medidas de la Revolución Nacional fue la destrucción del Ejército y la creación de Milicias Campesinas y Obreras. Esto último es sumamente importante para comprender las formas de movilización y protesta de los mineros bolivianos, sobre todo en el período inmediatamente posterior en que se sucedieron diversas dictaduras militares (entre 1964 y 1982). En el período del autoritarismo militar los obreros bolivianos fueron parte central de la resistencia, configurándose los campamentos mineros como espacios de enfrentamiento (armado incluso) con los militares de turno. Además de lo anterior, es importante destacar que el movimiento obrero tuvo un importante papel en la defensa del sistema democrático (organizando huelgas de hambre, defendiendo elecciones, entre otros) y se configuró como un actor político central, lo que queda en evidencia en el último golpe de Estado de 1980, donde los militares primero atacan la COB y luego el palacio de gobierno.

La instalación del neoliberalismo en 1985 supuso otro cambio importante en la relación entre el mundo obrero y el Estado boliviano. A partir del decreto 21.060 se permitió la flexibilización laboral y el cierre de la mayoría de las minas, esto último tuvo un doble objetivo: por un lado, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (el mismo de la Revolución Nacional de 1952, pero ahora en un pacto con la derecha) buscó desarticular política y socialmente al movimiento obrero, atendiendo al gran poder que habían adquirido en los últimos treinta años. Por otro lado, el cierre de las minas estatales permitió la privatización de la minería estatal. Miles de mineros son “volcados” de las minas bolivianas y “relocalizados”, un eufemismo que sirvió para nombrar a los 20.000 trabajadores cesantes y el drama familiar, social y político que ello suscitó. Ejemplo de lo anterior es la histórica Marcha por la vida (realizada, coincidentemente, hace 30 años un 26 de agosto de 1986), en donde el otrora gran movimiento obrero tuvo su última manifestación pública de envergadura, recorriendo las carreteras de Bolivia para exigir una solución a estos problemas. La respuesta del gobierno fue la represión y el ataque de los militares.

En este contexto neoliberal, la minería boliviana se transforma y, con ello, los actores sociales asociados a esta forma de producción se diversifican. En primer lugar, están las empresas estatales donde los trabajadores son asalariados y se rigen por las normas y fiscalización del Estado. En segundo lugar, existen las cooperativas (mineras y de otro tipo) donde no existe el trabajo asalariado, sino que todos tienen una participación supuestamente equivalente y no deben rendir cuentas al Estado (tienen mayor libertad en términos de su regulación). En tercer lugar, existen empresas privadas que funcionan de manera similar a la minería  estatal y deben cumplir con la ley minera. La diferencia central entre la minería estatal/privada y los cooperativistas, es que estos últimos tienen algunos privilegios que les entregan cierta libertad: si bien se configuran como el 20% de la minería nacional (que ya es el 25% de la economía del país), tienen mayores concesiones para explotar recursos naturales; al mismo tiempo, los trabajadores cooperativistas tienen menos incentivos que los asalariados (privados o estatales), lo que ha ocasionado algunos conflictos entre ellos en los últimos años; finalmente, es importante resaltar que, además de lo anterior, las cooperativas mineras no se rigen por la Ley minera, que es justamente la reforma que se busca instalar actualmente.

Como ha quedado en evidencia, los años de neoliberalismo transformaron la minería estatal e hicieron de las cooperativas una especie de pequeña empresa, ya que si bien en teoría no existen distintos poderes dentro de esta estructura (todos son iguales), se configuran pequeñas elites mineras que adquieren preponderancia por sobre otros trabajadores. En esta línea, si bien las cooperativas de mineros fueron actores centrales en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), quien además es empresario cooperativista, y apoyaron el ascenso de Evo Morales y sus primeros años de gobierno, hoy han entrado en conflicto con el gobierno del MAS por diversas razones. En primer lugar, los cooperativistas se oponen a los cambios en la Ley minera y la posibilidad de que los trabajadores de las cooperativas se sindicalicen. Lo anterior tiene una doble lectura: por un lado, el gobierno argumenta que los empresarios cooperativistas no quieren que sus trabajadores se sindicalicen porque podrían ocasionarse movilizaciones reinvindicativas de este sector y, por otro lado, los cooperativistas argumentan que el gobierno quiere intervenir la autonomía organizacional de las cooperativistas. En segundo lugar, las cooperativas se oponen a las regulaciones respecto a impedir que las empresas privadas puedan invertir las concesiones que se les otorgan y que obliga a pasarla a COMIBOL, es decir, se oponen al control estatal de la minería boliviana. En último lugar, los cooperativistas han cuestionado las inflexibles reglamentaciones medioambientales de la Nueva Constitución (2009), en la medida en que ponen serias trabas a las formas de explotación no ecológicas, al saqueo de los recursos naturales y a la posibilidad de pactar con transnacionales.

Así, si bien hemos explicado a grandes rasgos el por qué se encuentran enfrentados mineros cooperativistas y Estado boliviano, es importante mencionar también algunos elementos trascendentales para comprender este conflicto y lo ocurrido con el viceministro.

En primer lugar, es importante comprender la centralidad del control estatal: la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia obliga al Estado a velar por la propiedad nacional de los recursos naturales. Como he mencionado, actualmente la minería representa el 25% de la economía nacional (muy lejos de la importancia que tenía este sector de la economía en el período post revolucionario), y de ese 25%, solo el 20% corresponde a las cooperativas. Así, es importante comprender este conflicto bajo el prisma de la continuidad de resabios capitalistas y neoliberales y, también, de los conflictos políticos entre grupos sindicales, el Estado y los poderes económicos. En la misma línea, es importante destacar que los actores políticos en Bolivia se caracterizan por una alta capacidad de negociación y, con ello, un alto nivel de presión en función de sus demandas. Solo comprendiendo lo anterior podemos explicar que, pese a haber asesinado a un Ministro de Estado, el gobierno llame al diálogo y a la negociación a los sectores cooperativistas.

En segundo lugar, es necesario dar cuenta del lugar del sindicato y la organización social minera dentro de la política boliviana. Si hoy día son capaces de tomar rehenes del gobierno, bloquear caminos, utilizar armas y explosivos es, justamente, por una tradición de movilización en torno a lo sindical. Esto también se configura como un resabio de tiempos pasados, ya que, si bien actualmente la minería no se configura como la parte más importante de la economía nacional, sigue configurándose como un actor político central. Esto se explica a partir del histórico papel del sindicato, que no tiene comparación con su símil en el caso chileno, que en Bolivia replica lógicas comunitarias indígenas y hereda el poder entregado a este espacio desde la Revolución Nacional. Así, el sindicato se configura como un actor político que tiene más poder que los mismos partidos.

Finalmente, y sin ánimo de caer en una caricatura burda, creo central situar lo ocurrido en Bolivia desde una lógica que busca comprender una sociedad que tiene otra relación con la violencia y la movilización social. El nivel de violencia alcanzado por los cooperativistas debe ser leído a partir de una tradición obrera (incluso en el caso de las cooperativas) que han utilizado formas de movilización que, aunque no siempre, pueden traer la violencia como mecanismo de acción importante. Desde mi perspectiva, Bolivia se configura como un país donde la violencia social ha sido una forma de manifestación política importante y donde, además, las correlaciones de fuerza no necesariamente se zanjan en mesas de diálogo que funcionan en el aparato estatal sino que, la mayoría de las veces, en la calle y mediante los bloqueos y enfrentamientos entre actores. Pese a lo mencionado, creo que la relación de una sociedad con la violencia es un tema bastante más difícil de aprehender que lo que puede abarcar una pequeña reflexión como esta.

Como ha quedado de manifiesto, el gobierno de Evo Morales y el MAS se enfrentan nuevamente a grupos que presionan para que el Estado se haga cargo de sus intereses económicos o sociales. Sin embargo, no debemos pensar que el conflicto con los cooperativistas representa a todo el mundo minero. Actualmente lo que fue el histórico movimiento obrero boliviano se expresa en dos grandes frentes: la COB (aún leal al gobierno de Evo) y las cooperativas (hoy día enfrentados con el MAS). Así, este pequeño grupo de empresarios de la minería –cooperativistas- se ha enfrentado al gobierno por intereses particulares y no representando a todo un sector de la economía nacional.

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^{[Nota de la autora] Este texto se escribió con la ayuda de mis compañeros y compañeras bolivianas Mateo Romay, Diego Salvatierra y Fernanda Romay. Agradezco enormemente sus discusiones y aportes a mi acercamiento con la política boliviana y lo ocurrido en los últimos días.}