Violencia, despojo, hambre, represión. Honduras y las razones del éxodo migrante. Parte 1.

Publicado originalmente en Agencia Subversiones.

El pasado 13 de octubre miles de hondureños y hondureñas salieron caminando de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. La prensa internacional, organismos de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y gobiernos de todo el mundo pusieron sus ojos en el pequeño país centroamericano, territorio que encabeza mundialmente asesinatos, feminicidios, secuestros y extorsiones, así como ultrajes a causa del despojo de tierras y el neoextractivismo.

A pesar de que voltearon hacia Honduras, siguen sin verlo realmente. Las y los hondureños, tienen décadas alertando a la comunidad internacional sobre la situación extrema que se vive en el país, el éxodo migrante es sólo la última de una serie de medidas de protesta que tienen como fin cambiar el rumbo de la política neoliberal del presidente impuesto Juan Orlando Hernández.

El siguiente texto es parte de una serie de tres trabajos que intentan enmarcar este éxodo en el contexto al cual pertenece, ya que los migrantes no solo necesitan solidaridad y apoyo, sino también respeto y dignidad para sus luchas pasadas, presentes y futuras.

_{Fotografía: Carlos Ogaz}

Asesinatos políticos, despojo y manipulación de la consulta previa libre e informada: el legado del golpe de Estado de 2009

La noche del 2 de marzo de 2016, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras, Berta Cáceres, símbolo internacional de la lucha contra el despojo y la explotación transnacional, es asesinada a balazos por sicarios contratados por la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA). Ahora, más de dos años después, el Ministerio Público (MP) pretende realizar el juicio contra ocho de los implicados en el asesinato, mostrando un grado de descontrol y omisión de las instituciones en Honduras que llega hasta la ilegalidad en el propio Tribunal Supremo.

De una manera arbitraria, el MP negó a las víctimas el acceso a la información básica del proceso, no analizó las evidencias fundamentales y rechazó la participación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización fundada por Berta Cáceres, como víctima en el juicio; rechazó la pericia sobre el contexto previo al asesinato como una prueba; rechazó llamar a testificar a la familia Atala Zablah, dueña de DESA.

Por este conjunto de razones, los familiares de la víctima e integrantes del COPINH, interpusieron 5 recursos legales ante la corte de apelación, pidiendo el respeto de sus derechos a un proceso verdaderamente justo. En un principio pareció que estos recursos iban a resultar en un cambio de dirección, sin embargo el pasado miércoles 17 de octubre el MP anunció nuevamente el arranque del proceso. A pesar de los amparos todavía pendientes y de las denuncias nacionales e internacionales, el 19 de octubre el Tribunal ha finalmente declarado el abandono del proceso por parte de los abogados de la víctima, ya que estos siguen rechazando el comienzo de un juicio que es ilegítimo.

El abogado Edi Tabora, explica así esta total falta de respeto no sólo para las personas sino también para las instituciones y las leyes del Estado por parte de sus propios funcionarios:

“El juicio para el asesinato de Berta Cáceres ya se volvió una medición de fuerzas políticas, porque tenemos una reelección presidencial ilegal e ilegítima, y la posible transición que haya en los próximos años, por parte de lo que hemos estado denominando una dictadura, implica que los empresarios están en máxima alerta. Desde algunos meses se está dando una campaña muy importante de la empresa privada en general, no sólo de DESA, que está mandando el mensaje de que los empresarios no están dispuestos a permitir que las comunidades y los pueblos indígenas sigan teniendo resultados muy importantes como el que ha tenido COPINH, que logró ser un contrapeso al proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca. El juicio es una prueba muy importante frente a la implementación del modelo extractivista en el país, porque la mayoría de los casos relacionados o que son consecuencia de esta implementación, están en la impunidad”.

Cuando se le pide contextualizar el caso Berta Cáceres, el abogado Tabora empieza desde lejos, ya que “contextualizar este caso implica analizar lo que ocurrió después del 28 de junio de 2009, o sea después del golpe de Estado”. Cuenta el abogado, que lo primero que hizo el grupo de poder económico y político surgido del golpe fue diseñar, a partir de enero de 2010, una Visión de País y un Plan de Nación en los cuales “podemos encontrar la configuración de un Estado que mira a implementar el modelo extractivista, al igual que un modelo político y de seguridad pública totalmente represivos”.

_{Guatemala. Fotografía: Cristina Chiquín/Prensa Comunitaria}

Con este modelo de nación, lo primero ha sido modificar la legislación y aprobar normativas que permitan el despojo territorial. En los seis meses posteriores al golpe, y a la formulación de los Planes, se concesionan alrededor del 30% del territorio nacional, que ya había sido mapeado después de haberse aprobado en 2004 la ley de propiedad y el ordenamiento territorial en el país. También en 2009 se aprobaron: la ley general de agua; la ley sobre actividades nucleares y seguridad radiológica; un reglamento del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental; una ley del programa nacional de empleo por horas, que precariza los derechos laborales; la ley de promoción de la alianza público−privada, que prácticamente es darles en posesión todos los servicios públicos a las empresas privadas; una ley de fortalecimiento de la educación pública y comunitaria, que es trasladarle todo la obligación estatal en tema de educación a las comunidades; una ley de simplificación de procedimientos de inversión en la inversión pública que significa la flexibilización de las concesiones; una ley de fomento al turismo rural sostenible, que implica todo el concesionamiento de los territorios cerca a los océanos Atlántico y Pacífico;  la ley especial reguladora de proyectos públicos de energía renovable, que es digamos una de las leyes que ha causado mayor daño en el despojo a los pueblos indígenas. Le siguen las leyes general de minería en 2012; la ley de protección de obtención de vegetales, que es la ley Monsanto en Honduras; la ley del fortalecimiento de la camaricultura, que se traduce en el concesión de toda la costa pacífico a los empresarios; la ley del fondo nacional para la competitividad del sector agropecuario, que va en beneficio de los grandes terratenientes con dinero público para la producción, sobre todo de monocultivos; la ley especial de zona de desarrollo, o sea la ley de las ZEDE, que es prácticamente la terciarización del manejo del territorio que conducirá a la creación de nuevos estados en Honduras para los supuestos inversionistas extranjeros; la ley general de la industria eléctrica de 2014; y la ley marco del sistema de protección social que viene a privatizar el sistema de salud pública y el sistema de seguridad social.

_{Mapa: Geocomunes}

Y como estas, muchas otras leyes que permiten observar claramente cómo el diseño para el despojo para el modelo extractivista en el país es lo que ha sustentado y motivado que haya un modelo político de concentración del poder, además de muchísimas reformas institucionales para darle el poder al presidente (entre ellas una sentencia del Sistema Superior de Justicia que implicó la reelección presidencial).

Todo esto, sin embargo, para el Observatorio de Planificación Regional, órgano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), constituye un “instrumento para promover el desarrollo integral del país, en lo económico y en lo social”. Así, una vez más resalta la incongruencia de las agencias de la ONU, en este caso la CEPAL que, a pesar de las persecuciones a los pueblos indígenas, de los asesinatos de los defensores del territorio y de los atropellos jurídicos en contra de los campesinos, siguen promoviendo una idea capitalista de desarrollo, que se basa en proyectos de explotación de los recursos naturales y que se niega de forma obtusa a mejorar las condiciones de vida de la población, manteniéndola callada y al servicio del capital.

_{Fotografía: Avispa Midia}

La relación entre el asesinato de La Esperanza y la consulta previa, libre e informada

Para resaltar lo emblemático del caso de Berta Cáceres, el abogado Tabora hace hincapié sobre el hecho que la lideresa lenca, junto con su organización COPINH, habían logrado detener el proyecto Agua Zarca, el cual preveía la realización de una presa hidroeléctrica sobre el Río Gualcarque, cauce sagrado para el pueblo originario lenca quien en ningún momento fue informado o consultado sobre su construcción.

En un comunicado fechado el 13 de Marzo del 2018, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), habla de “crimen de Estado relacionado con la consulta” y destaca que “Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el Estado desde 1995 debiese haberse ceñido al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT”.

La mención del Convenio 169 de la OIT no es fortuita, ya que en Latinoamérica (región con mayor cantidad de países signatarios de dicho convenio en el mundo), la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) es enunciada desde los discursos de los Estados−nación y empresas pues constituye un requisito para obtener el financiamiento de instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). En el terreno, los casos donde se realiza una consulta, el Estado y las empresas desconocen los resultados que no le son favorables, al mismo tiempo que persiguen y criminalizan las voces disidentes.

En Honduras, desde el año de 2012 y con el apoyo técnico y financiero del BID y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Estado comenzó la elaboración de un anteproyecto de Ley de CPLI. Dicha iniciativa tiene su origen en los compromisos por parte del Estado hondureño ante el programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de los bosques (Proyecto ONU−REDD+), el cual contempla la ejecución de mecanismos de pagos por servicios ambientales hasta en 5.4 millones de hectáreas de territorios forestales en Honduras.

A su vez, la reglamentación de la CPLI se enmarca en las negociaciones del país centroamericano con la Unión Europea para la implementación de Acuerdos Voluntarios de Asociación para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA−FLEGT), los cuales coincidentemente fueron firmados en junio del año 2018, al mismo tiempo que el gobierno hondureño preparaba la aprobación de un reglamento a modo de la CPLI.

Para concretar la reforma al marco jurídico hondureño en relación a la consulta, el PNUD promovió la creación de la ley junto a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) y la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh), organizaciones señaladas como “acompañantes del Estado en una serie de violaciones al derecho a la consulta, tales como la aprobación de la Ley de Aguas, Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) suplantada posteriormente por la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la Ley Minera”, denuncia la OFRANEH, organización quien al igual que el COPINH fueron excluidas del proceso para la construcción del anteproyecto de la CPLI.

Es decir, la necesidad de implementar la reglamentación local de la CPLI responde a la urgencia para concretar proyectos de «conservación y gestión sustentable forestal», en lugar de atender la demanda de pueblos campesinos y originarios para utilizar dicha herramienta jurídica en la lucha que logre asegurar la libre determinación de sus comunidades.

_{Fotografía: Avispa Midia}

Un documento obtenido por Avispa Midia describe el grado de involucramiento del PNUD, “quienes han brindado un apoyo financiero y técnico en 16/18 talleres desarrollados, mostrando un compromiso significativo con los Pueblos Indígenas y afro hondureños y con el Gobierno de Honduras, además de actuar en muchos tramos como interlocutor en aspectos técnicos”.

En el 2016, el PNUD contrató al peruano Ivan Lanegra, quien se encargó de crear una copia de la Ley de Consulta Perú, la que pasó por un proceso de socialización que el PNUD y el estado de Honduras denominaron consulta. El 30 de mayo de 2019, El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) presentó ante el Congreso un anteproyecto de Ley de Consulta para la obtención del CPLI, la cual hasta la fecha se encuentra engavetada, ante las presiones existentes del poder ejecutivo, que viene fraguando la imposición de la versión de Ley, promovida por el PNUD y el Programa REDD+.

En el comunicado de la organización garífuna también se señala que “entre otras, Berta se opuso rotundamente al programa REDD+, ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles”, ya que “la mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa”, a pesar de las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta.

“Se ha señalado también el interés de aprobar dicha ley para garantizar la seguridad jurídica necesaria para favorecer las inversiones y que cualquier demora en su adopción podría perjudicar importantes acuerdos financieros y comerciales internacionales que el Estado quiere realizar”, dice la relatora en su informe, donde además señala que la participación indígena no tuvo un papel protagónico ni en los contenidos, ni en la metodología de los talleres realizados por el PNUD.

En el anteproyecto que el Estado de Honduras remitió en febrero a la OIT se garantiza el hecho que la consulta no implica derecho a veto.

En los últimos 10 años más de 111 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras por asumir su papel de defensa de las comunidades, principalmente campesinas, indígenas y garífunas. Berta Cáceres, indígena lenca asesinada en marzo del 2016 por su lucha contra la represa de Agua Zarca, fue parte del proceso de construcción del proyecto de ley por el ODHPINH.

“Es increíble ver cómo, a más de dos años de su asesinato, aún no se han capturado los autores intelectuales del crimen, no se ha cerrado la empresa DESA y su proyecto de muerte Agua Zarca, y no se está respondiendo a las demandas del COPINH y de la familia de Berta”, manifestó Miriam Miranda, integrante de la OFRANEH.