Violencia, despojo, hambre, represión. Honduras y las razones del éxodo migrante. Parte 2.

Publicado originalmente en Agencia Subversiones.

El pasado 13 de octubre miles de hondureños y hondureñas salieron caminando de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. La prensa internacional, organismos de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y gobiernos de todo el mundo pusieron sus ojos en el pequeño país centroamericano, territorio que encabeza mundialmente asesinatos, feminicidios, secuestros y extorsiones, así como del despojo de tierras y neoextractivismo.

A pesar de que voltearon hacia Honduras, siguen sin verlo realmente. Las y los hondureños, tienen décadas alertando a la comunidad internacional sobre la situación extrema que se vive en el país, el éxodo migrante es sólo la última de una serie de medidas de protesta que tienen como fin cambiar el rumbo de la política neoliberal del presidente impuesto Juan Orlando Hernández.

El siguiente texto es parte de una serie de tres trabajos que intentan enmarcar este éxodo en el contexto al cual pertenece, ya que los migrantes no solo necesitan solidaridad y apoyo, sino también respeto y dignidad para sus luchas pasadas, presentes y futuras.

_{Fotografía: Peg Hunter}

Del “Fuera JOH” al éxodo migratorio

En estas elecciones hondureñas no hay segunda vuelta. La disputa electoral se resolverá hoy mismo. En esas elecciones también se elige a la par del próximo mandatario nacional, a 128 diputados (pero hay 92 candidatos que apuestan por la reelección) así como las autoridades locales. Estos comicios tienen como árbitro formal al llamado Tribunal Supremo Electoral (TSE). Organismo que formalmente califica las elecciones y que es muy proclive al actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH), quien logró postularse en las elecciones presidenciales, habiendo violado flagrantemente la constitución del país que lo prohíbe. Esto en virtud de que no puede haber constitucionalmente una reelección. Sin embargo, al torcer un fallo la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2015, dejó abierta esa posibilidad. De esta forma un juez le dio a JOH la legitimación de aspirar por segunda ocasión a la presidencia del país centroamericano.

Así empezaba el primer boletín informativo redactado por un colectivo de medios independientes que el día 26 de noviembre de 2017 monitoreó la contienda electoral hondureña, misma que atestiguó la reelección de Juan Orlando Hernández mediante el fraude electoral más espectacular desde el golpe de estado de 2009. De hecho, miles de hondureños que salieron a protestar en decenas de ciudades del país recordaron aquel episodio de golpe. La jornada electoral fue más corta de lo previsto. El TSE no dio la prórroga de una hora como de costumbre y ordenó que se cerraran las casillas de votación a las cuatro de la tarde. La mayor inquietud de los hondureños, que era poder acudir a las urnas, se transformó en que hubiese urnas a las cuales acudir.

Durante todo el día, los que alcanzaron a votar, estuvieron reportando irregularidades a lo largo y ancho del país. La Radio Guachipilin, desde el departamento de La Paz, informó que en la zona lenca se estuvo ofreciendo dinero y bolsas solidarias a cambio de votos para el Partido Nacional quien postuló a JOH. Roxana Vázquez Corrales, desde la Península de Zacate Grande, contó de personas que iban a realizar su votación y no pudieron ya que se encontraban en el registro de las personas muertas. En cambio, reconocieron claramente los nombres de familiares y conocidos que sí fallecieron, y que a pesar de eso estaban registrados en el patrón electoral como votantes. César Geovanny Bernárdez, integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) denunció que, en la zona garífuna de Santa Fe, una urna desapareció y reapareció abierta. En la ciudad de La Ceiba, varios activistas del Partido Nacional fueron arrestados en posesión de actas de cierre de resultados varias horas antes de que se declarara terminado el proceso de consulta ciudadana. Aun así, pese a todas las irregularidades y cierres anticipados, hasta el último momento el pueblo hondureño se rehusó a creer que el resultado habría sido la victoria de JOH. Pero así fue, y la reacción no tardó en llegar.

“No resolverán el problema matándonos y disparando gases lacrimógenos”, comentó el ex-presidente Manuel Zelaya. De hecho, el problema no lo resolvieron, pero los gases sí cayeron, los detenidos y muertos también.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su segundo informe sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas antifraude en Honduras, reportó que las grandes manifestaciones públicas detonaron a partir del 30 de noviembre, cuando se registraron 56 movilizaciones en 15 de los 18 departamentos del país. Luego, el 1 de diciembre, el Gobierno de la República en Consejo de Secretarios de Estado, aprobó el Decreto No. 084/2017, referido a la suspensión de garantías establecidas en la Constitución de la República. En consecuencia, a este decreto, sigue denunciando COFADEH, entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, 30 personas fueron ejecutadas (de las cuales 13 hombres jóvenes, dos niños y una niña, una joven mujer, una mujer adulta y 12 hombres adultos), 232 heridas, 1085 detenidas y 72 víctimas de tratos inhumanos. También se registraron 126 manifestaciones reprimidas, 179 acusaciones de delitos, 15 allanamientos y 12 ataques a medios de comunicación, así como el uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes.

_{Fotografía: Víctor Peña / El Faro}

Como lo explica Edy Tábora, abogado defensor de Gustavo Castro, único testigo y sobreviviente del asesinato de Berta Cáceres: «la arbitrariedad con la cual actúan las fuerzas policíacas hondureñas se debe a la implementación, después del golpe de 2009, de muchas leyes y reformas al código penal que tiene por finalidad crear una corporación de seguridad pública, junto con el poder judicial y el Ministerio Público, orientada a generar estadísticas para meter a los pobres a la cárcel y criminalizar el movimiento social». En este sentido va la creación de nuevas policías, como la Policía Militar, que ahora tiene 10 mil efectivos, además de nuevos grupos mixtos y programas como los Guardianes de la Patria, que básicamente busca cooptar niños para adoctrinarlos en asuntos militares. El aspecto más absurdo de esta militarización es, enfatiza el abogado: «que todo esto hay que pagarlo, y no sale de impuestos a las empresas, sino del impuesto al consumo».

Tábora denuncia que en el país “tenemos cinco cargos impositivos, un impuesto sobre ventas que pasó del 12 al 15 por ciento, un impuesto especial sobre seguridad que se llama Tasa de Seguridad, impuestos a las remesas de los hondureños que viven en Estados Unidos o hacia cualquier persona que quiere mandar dinero a Honduras y un código tributario y un control fiscal que está impuesto sobre toda la población”.

En otras palabras, no sólo a los hondureños los están despojando de su territorio, les están quitando todo derecho laboral y social y los están persiguiendo, reprimiendo y matando; aunado a todo esto, también les están cobrando por ello. Y desde finales de octubre de 2018, cuando todos los medios nos azotan a la cara el rostro de 7 mil hondureños entre hombres, mujeres, niños y niñas que, desde San Pedro Sula se dirigen, caminando, hacia Estados Unidos, podemos finalmente afirmar que la oleada de protesta que siguió a la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández, y que en breve se transformó en el movimiento nacional «Fuera JOH», fue ampliamente subestimada al exterior del país.

Los Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea, siempre tan atentos a exportar democracia a diestra y siniestra, frente al llamado del pueblo hondureño a apoyar su causa justa, sólo emitieron, los primeros, un tibio “llamamiento a resolver las diferencias pacíficamente”, difundido por la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert; y los segundos, una declaración de no injerencia en asuntos internos, proclamada por Marisa Matías, jefa de la misión de observación electoral europea en Honduras. La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, al ver que el partido ganador inexplicablemente rechazaba su propuesta de convocar una nueva jornada electoral, regresó al silencio, para luego avalar el resultado electoral en un comunicado de finales de enero 2018.

Enero fue de hecho el mes en que se gestó el “gran diálogo nacional”, al cual todas las dirigencias de todos los partidos políticos hondureños fueron llamadas a participar y al cual, a pesar de las denuncias y acusaciones del pasado, finalmente todas participaron. Ahora el “gran diálogo” queda plasmado en un par de hermosas páginas web del gobierno de Honduras, mientras los habitantes del país se organizan para abandonarlo de forma masiva. La estrategia internacional para dejar que se confirmara un presidente aliado y favorable a las políticas de extractivismo y despojo, se ha transformado en un boomerang, sobre todo para Estados Unidos.

En un artículo del New York Times que si no fuera trágico sería sumamente divertido, Michael D. Shear y Julie Hirschfeld Davis delinean cómo Trump transformó las políticas migratorias de Estados Unidos insistiendo sobre lo que llaman su enfoque visceral sobre un tema que definió su campaña y que ha influido de manera clara en el primer año de su presidencia.

Los autores subrayan que este presidente «tomó el cargo con una agenda de metas simbólicas que no tenían ninguna planificación, derivadas de interacciones personales cargadas emocionalmente y de un instinto para aprovechar las ideas nativistas de los estadounidenses blancos de clase trabajadora».

Las promesas de campaña de Trump, cabe recordarlo, incluían no sólo hacer que México pagara la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos, sino también crear una fuerza de deportación que prohibiera el ingreso en territorio nacional a los musulmanes y deportara a millones de inmigrantes. Obligado a dejarlas de lado por lo complejo que se reveló cumplirlas, la primera acción fue sin embargo un mensaje potente, que dejaba en claro el rumbo que se estaba tomando: con una orden ejecutiva se estableció una prohibición mundial a viajes desde países que la Casa Blanca consideraba afectados por el terrorismo.

Como recuerdan los periodistas del New York Times, tan sólo el anuncio de dicha medida generó un estado de caos en los mayores aeropuertos estadounidenses que desembocó en cientos de personas detenidas, una confusión generalizada y grandes manifestaciones. Luego la orden fue retirada, pero Trump logró utilizar la prohibición del viaje para disminuir la cantidad de refugiados en 2017 a 50 mil, menos de la mitad de lo establecido por Obama. Para 2018, las admisiones fueron ulteriormente disminuidas hasta 45 mil, la cifra más baja desde 1986. La segunda acción, fue la política de separación de los padres de sus hijos al momento de la detención de una familia de inmigrantes no regularizados.

A estas dos iniciativas, puntas de lanza de la nueva política migratoria made in USA, se suman otras acciones: la eliminación de la práctica conocida como “detener y liberar” (catch and release) y la orden de poner en un proceso de deportación acelerado a todos los irregulares detenidos; la activación a nivel nacional de la sección 287g de la Ley de Inmigración, que permite alcanzar acuerdos con las agencias locales de policía y otorgarles poderes de agentes de inmigración; la ampliación de las causales de inadmisibilidad a Estados Unidos y deportación del país, que convierte en inadmisible a cualquier persona ingresada de forma no regular o que tenga una visa vencida; y la conversión en delito del apoyo que los ciudadanos estadounidenses decidan proporcionar a un inmigrante irregular.

De acuerdo a datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO), desde enero del año 2015 hasta octubre de 2018, han sido deportados más de 250 mil inmigrantes hondureños, principalmente desde los EEUU y México. Según el CONMIGHO sólo para el primer semestre de 2018, el registro de hondureños deportados ascendía a 32 mil 110 personas, lo cual representa un aumento de 36.6% en comparación con los datos del mismo periodo del año previo. Y es México quien ha implementado mayores operativos antimigrantes: en el Reporte de flujos migratorios en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional de la Migración (OIM), se destaca que tan solo durante el primer trimestre de 2018, Costa Rica, Guatemala y Honduras registraron un aumento en el número de estos casos presentados ante autoridades migratorias mexicanas en comparación con el primer trimestre de 2017. Particularmente en el caso de los guatemaltecos y hondureños se evidencia un significativo incremento de 67% para los primeros y 82.3% para el caso de los segundos.

Aunado a ello, fiel a su política anti migrante, en mayo del 2018, la administración de Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para más de 56 mil hondureños quienes cuentan hasta enero de 2020 para regularizar su estancia o abandonar el país norteamericano.

El TPS había estado vigente desde el año 1999, después de la destrucción provocada por el huracán Mitch, razón por la que se otorgó protección temporal a 86 mil hondureños que huían de la zona de desastre.

La cancelación del TPS para Honduras se suma a la misma medida ejercida contra refugiados de El Salvador, Haití y Nicaragua. En total más de 300 mil migrantes, quienes han vivido durante años en EEUU serán forzados a retornar a sus países.

Las principales causas de la migración hacia el norte continúan siendo la dependencia económica y subordinación política a EEUU, aunque los altos índices de violencia destacan como una de las causas de fuerza mayor que orillan a individuos y familias a realizar el peligroso viaje para buscar asilo. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado en el febrero de 2017, los refugiados y solicitantes de asilo del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) ya para finales de 2016 llegaban a 164 mil personas y, aunque las causas de estas “salidas significativas” de personas del TNC eran muy variadas, el ACNUR consideraba que podían calificar como refugiados.

_{Fotografía: Martha Pskowski}

La migración desde Honduras ha perdido su dimensión de “sueño americano” y se ha transformado en un asunto de “vida o muerte”. La violencia aumenta año a año, fomentada por la industria del crimen que involucra tanto bandas locales como cárteles mexicanos. El informe de Amnesty International 2016/2017 reporta que “la violencia generalizada en todo el país obligó a huir a muchas personas, sobre todo a mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas LGBTI. Las personas que —en opinión de las bandas delictivas (denominadas maras)— no se sometían a la autoridad de éstas, o que habían presenciado delitos, sufrían de manera habitual hostigamiento, agresiones y extorsión; los jóvenes, en particular, eran obligados a unirse a las maras”.

Las condiciones de vida en Honduras, como en toda la región centroamericana, han llegado a un nivel de precariedad inaguantable. A la mezcla de violencia, impunidad y corrupción que desde décadas son estructurales en el país, se suman, por un lado, los insultos de Trump y, por el otro, la frustración e impotencia por no haber podido evitar el posicionamiento presidencial ilegítimo de JOH.

Los que consideran el éxodo migrante de octubre como una caravana de desesperados que se lanzan hacia el “sueño americano”, están fallando el blanco. Tal vez detrás de esta masa de gente no haya un plan político definido, pero tampoco se trata de los muertos de hambre que pinta la prensa, ya que estas personas, antes de tomar la medida extrema de dejar sus casas a pie y con hijos, ancianos y mujeres embarazadas, sí lucharon en su país, en el intento de que se respetara su integridad física, su dignidad moral y su posibilidad de ejercer lo que todo el mundo anda declamando como derechos humanos universales.

El éxodo migrante no surge de la nada, no es una manipulación ajena ni es fruto de un efecto bola de nieve. Este éxodo tiene pasado, presente y futuro político, es un abierto desafío a las leyes, a las instituciones y también a la sociedad civil, aquella sociedad civil que despotrica en contra de todo, pero a finales de cuenta no rompe las reglas. Este éxodo es anarquía, pero de la buena.