Hace prácticamente un año en diversos territorios del país caían en simultáneo los monumentos a genocidas; los héroes del modelo eran derrumbados por la fuerza de la revuelta. Francisca Fernández Droguett, hace alusión a éste y otros elementos en su ensayo que es parte del libro “18 de octubre: Primer Borrador”, una mirada constituyente abriendo camino desde las comunidades.
El libro “18 DE OCTUBRE: PRIMER BORRADOR. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana”, se encuentra disponible para descarga en el portal de Editorial Quimantú.
Aperturas
Octubre del 2019 será recordado como el mes en que se diera inicio a uno de los estallidos sociales más potentes de la historia reciente de Chile, posicionándose como temas relevantes la necesidad de una nueva Constitución, la salida de Piñera del gobierno, pero también la posibilidad de dar término al neoliberalismo. “El neoliberalismo nace y muere en Chile” será una de las frases instaladas con fuerza dentro del imaginario de la protesta.
Si bien el término más usado para identificar lo acontecido es el de revuelta, estamos más cerca de procesos de sublevación e insurrección, por lo que en octubre se abren las puertas para un cambio profundo y estructural, de sentido de vida y de construcción de comunidad, desde diversos ámbitos, pero sobre todo desde el uso de la calle como espacio propio de la protesta y a su vez como el lugar de construcción y articulación de nuevos y viejos horizontes políticos.
Es desde la calle y las experiencias vitales que hoy los territorios y las comunidades se organizan para la configuración de estos horizontes, desde asambleas territoriales y cabildos autoconvocados, sobre la base de sentidos comunes (malestares, alegrías, proyectos, propuestas) entretejidos con la experiencia histórica de diversos movimientos sociales (como por ejemplo estudiantiles, feministas, socioambientales) y pueblos (originarios, afro, migrantes).
Uno de los ejes de la revuelta que ha tenido más visibilidad pública ha sido la demanda por una nueva Constitución, que derivó en un llamado a plebiscito para abril del 2020, pero que pospuesto para el 25 de octubre del 2020, para votar si aprobar o rechazar, y luego siendo las alternativas posibles de esta vía convención mixta o constitucional. Cabe destacar que la propuesta surge a partir de un “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución” firmado por diversos partidos políticos (incluyendo partidos del Frente Amplio), sancionado en altas horas de la madrugada, y sin ningún tipo de trabajo colaborativo con los diversos sectores movilizados, pero aún más grave, sin hacer mención explícita a la violación de los derechos humanos, las mutilaciones, detenciones, torturas y la violencia político sexual ejercida por parte de las fuerzas represivas hacia mujeres y disidencias sexo-genéricas.
Es así que nos encontramos con una agenda institucional levantada desde el Estado y los diversos partidos políticos que se ciñe exclusivamente a los tiempos formales que tendría el proceso constituyente (propaganda plebiscito, convención, selección constituyentes, etc.), y con tiempos sociales desde las propias dinámicas de las asambleas, los territorios y las organizaciones sociales, que difieren del tiempo institucional, en que se piensa lo constituyente más allá de lo constitucional, sino como condición de posibilidad para cambiarlo todo.
Será desde los tiempos de los pueblos que se inscribe esta reflexión de lo constituyente considerando lo destituyente, la desmonumentalización, la plurinacionalidad, un feminismo de los pueblos y los derechos de la naturaleza como algunos de los ejes desde donde plasmar y dar cuerpo a las propuestas de transformación.
Lo destituyente y la desmonumentalización
Destituir el orden vigente y su normatividad se ha volcado en un ejercicio propio de quienes nos hemos movilizado en estos meses, sintiendo que toda posibilidad de cambio requiere un quiebre respecto de las estructuras impuestas desde la dictadura cívico-militar y de su continuidad en estos treinta años. “No son 30 pesos son 30 años” dijeron las y los estudiantes secundarios movilizados por el alza del precio del metro, llamando a evadir su pago y siendo la chispa que encendió la mecha del estallido. Pero también se dijo “no son 30 años, son 46 años”, remitiendo a la idea de continuidad de la democracia pactada respecto de la dictadura, y algunos fueron más allá, “no son 30 años, son más de 500 años”, aludiendo a la impronta colonial de la configuración del Estado chileno.
Uno de los elementos que tomó forma rápidamente en las calles, fue la destrucción de monumentos que representaban el ideario nacionalista monocultural y patriarcal en la configuración de lo chileno (Alvarado Lincopi, 2019), siendo fundamentalmente íconos masculinos de guerras e invasiones, arraigados en prácticas coloniales. Es así que se vieron derribados, pintados o travestidos estatuas de Pedro de Valdivia, Cornelio Saavedra y Francisco de Aguirre, entre otras figuras, y en algunos lugares reemplazados por figuras de los pueblos y las comunidades, como es el caso en La Serena de la colocación de un bulto de una mujer cacique diaguita, Milanka, luego de derribar la estatua de Francisco de Aguirre.
La desmonumentalización como parte de la resignificación de los espacios públicos y la visibilización de otros repertorios interpretativos, junto a otras acciones, reflejan prácticas corporalizadas de ajusticiamiento social al calor del estallido (Cortés, 2020), que posibilitan una apropiación diversa y un uso múltiple de dispositivos (visuales, corporales, materiales) con la finalidad de dar cuerpo, materializar otras memorias e identidades.
Desmonumentalizar en un contexto como el que estamos viviendo no solo da cuenta de una gestión por descolonizar la memoria histórica sino también de una justicia restaurativa de las memorias invisibilizadas, negadas, ocultadas pero sobre todo reprimidas, adquiriendo un carácter de subversión de la impronta opresora de los monumentos.
Lo constituyente como configuración de nuevos/viejos horizontes políticos
Remitir a lo constituyente se ha asociado generalmente a la configuración de un proceso para un cambio constitucional, y por ende a procesos formales de construcción de comunidad política. Sin embargo es fundamental pensar lo constituyente desde otras premisas, concibiéndolo como un momento de configuración y articulación de diversas comunidades políticas para transformar el orden de todas las cosas, la instalación de horizontes utópicos para su materialización en el mundo.
El debate constituyente debiese ser pensando más allá de la agenda institucional, en tanto capacidad de configuración de una vida distinta, a partir de los saberes y haceres de los diversos territorios, comunidades y pueblos, encaminado hacia un cambio de paradigma, de mundo, que posibilite pensarnos fuera y más allá del neoliberalismo, y con carácter de urgencia, ya que habitamos constantes crisis sociales y ecológicas que requieren posicionar horizontes posibles de futuro.
Considerando lo anterior, el ejercicio de pensar y crear una nueva Constitución es solo un paso más entre diversas estrategias para generar un cambio estructural, un ejercicio que nos posibilita crear algunas de las condiciones de ese cambio, pero por lo mismo no garantiza la consecución de esos horizontes nuevos de vida, teniendo un gran potencial reflexivo y organizativo en la medida que se construya de manera transversal y participativa.
Es por ello que el proceso constituyente iniciado desde la revuelta se sostiene en dos temporalidades distintas, que se articulan y a su vez contradicen.
En estos meses de movilización la idea de cambiar la Constitución del 80 se convirtió en una realidad posible, en el marco de una violencia estatal sistemática que ha generado miles de detenciones, centenares de mutilaciones, torturas y una violencia política sexual, sobre todo desde el actuar de Carabineros de Chile.
La criminalización de la protesta ha ido en aumento, dictaminándose leyes anti-saqueo y anti-barricada, y también la negación del proceso constituyente que los pueblos han colocado a la palestra, una asamblea constituyente “de verdad”.
Con la firma en noviembre del 2019 de diversos partidos políticos, desde la derecha hasta algunos integrantes del Frente Amplio, del Acuerdo por la paz social y una nueva constitución, se restringe toda posibilidad de una asamblea constituyente a “medida de los pueblos”, colocando como única opción supuestamente democrática para el plebiscito del 2020, luego de aprobar una nueva Constitución, la opción de una convención constitucional, que no tiene, en efecto, ningún vínculo con la propuesta emergente de los sectores movilizados.
El nombre sí importa, ya que nombrar de una determinada manera un proceso político condiciona los alcances de lo nombrado. La palabra convención remite a normas, estándares, reglas acordadas para un grupo determinado, y no hay duda de que esta delimitación del término se aleja de lo que implica un proceso asambleario, de deliberación colectiva para definir y acordar cursos de acción sobre lo común. La convención nos restringe, la asamblea nos articula.
Llama la atención la confusión constante que existe sobre el nombre mismo de la convención propuesta. Si bien se llama convención constitucional, muchos medios insisten en llamarle convención constituyente, y no es casualidad, se observa una intencionalidad en la confusión con el fin de equiparar lo constitucional con lo constituyente, siendo que la última categoría, como se ha propuesto en este escrito, trasciende lo institucional.
Lo más grave no remite a la terminología impuesta, sino que es un acuerdo firmado a costa de vidas, es un acuerdo ensangrentado, que quiso poner término a las movilizaciones desplegadas mediante su invisibilización y criminalización. Es un acuerdo que nos coarta, en que nuevamente se nos niega la posibilidad de trazar nuestros propios itinerarios de transformación social, manteniendo vigente la agenda de aprobación de tratados de libre comercio, una de las aristas primordiales de la consolidación del neoliberalismo, imponiendo la misma lógica partidista y de diputación en la elección de las y los constituyentes y un 2/3 en la toma de decisiones, lo que imposibilita la participación efectiva de mujeres, disidencias sexo-genéricas, pueblos originarios, afro, migrantes, personas con capacidades y necesidades diversas, encarceladas, entre otros actores.
La aprobación por una nueva Constitución se ha convertido en una demanda transversal y en una necesidad urgente, colocada por la protesta, que hoy no solo la derecha, sino la mayoría de los partidos políticos, han restringido al no existir la alternativa en el voto por una asamblea constituyente, y que por lo mismo, la movilización debe seguir posicionando.
Ahora nos queda el desafío de pensar los modos de construcción de una asamblea constituyente, de carácter plurinacional, feminista, popular, soberana, libre y con un enfoque socioambiental.
La plurinacionalidad como tejido y polifonía
Uno de los elementos centrales que han desplegado pueblos originarios, movimientos feministas y socioambientales para caracterizar la asamblea constituyente a construir es la plurinacionalidad.
Para partir con el debate respecto de su definición se sintetizarán los principales planteamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI, 2012).
La plurinacionalidad cuestiona fundamentalmente el modelo monocultural y uninacional del Estado-nación, en tanto discurso colonial y antropocéntrico. Es por ello por lo que desde la CONAI se ha pensado fundamentalmente como Estado Plurinacional, reconociendo la existencia de Naciones Originarias como entidades económicas, culturales, sociales, políticas, jurídicas, espirituales y lingüísticas, históricamente definidas y diferenciadas, requiriendo la reconstrucción de la libre determinación dentro de un marco de unidad en la diversidad.
La plurinacionalidad se entiende como un sistema de gobierno en el ejercicio de derechos colectivos e individuales, a partir de un nuevo tipo de relaciones entre los pueblos, nacionalidades y naciones originarias, desde el respeto, la reciprocidad y la solidaridad mutua, y a partir de la autonomía política-administrativa. Esto requiere necesariamente cambios estructurales desde el reordenamiento de las estructuras de poder, pero también desde políticas que terminen con la concentración económica de ciertos sectores sociales (CONAI, 2012).
El gran potencial de lo plurinacional trasciende a los pueblos originarios, y al mismo tiempo puede convertirse en un mecanismo de justicia reparatoria por los siglos de dominación y muerte, y al igual que el proceso constituyente, puede entenderse más allá de los límites institucionales, como condición para una articulación, un conocimiento y apoyo mutuo entre pueblos, comunidades y territorios diversos, en que se vivencian y se han construido diversas comunidades políticas, que, asociadas cada una a un tono, establecen unicidad dentro de la polifonía.
Estamos ante un tejido en que cada colectividad es una hebra por hilvanar.
Hacia un feminismo de los pueblos, de los territorios y las comunidades
Las trayectorias de las mujeres, niñas y disidencias sexo-genéricas han estado marcadas por el cruce de diversas opresiones y violencias estructurales, que las hemos ido corporalizando tanto desde nuestros cuerpos como en los territorios que habitamos (Federici, 2010), y por lo mismo se convierte en un gesto de sublevación elemental visibilizar la precariedad de nuestras vidas (Segato, 2003), como parte de un horizonte político de transformación posible.
Las luchas feministas poseen propios trazos, que van más allá de las reivindicaciones de los feminismos clásicos. Es un proceso que se viene entretejiendo desde nuestras ancestras que lucharon contra la colonización, nuestras madres y abuelas que se movilizaron para derrocar la dictadura cívico-militar y que posicionaron la idea de un proceso de rebeldía en “el país, en la casa y en la cama”, las mismas que sostuvieron ollas comunes, tomas de terreno, el derecho a abortar, y que siguen vigentes en las calles y en nuestras memorias de resistencia.
Es por todo lo anterior en que muchas nos hemos acercado más a un feminismo de los pueblos, en que coexisten diversas formas de construcción de lo político y por lo mismo del feminismo, que se acerca más bien a la idea de que las comunidades, los pueblos y territorios dotamos de sentido desde nuestras vivencias el feminismo que queremos.
Un feminismo de los pueblos, cercano a los feminismos territoriales (Svampa y Viale, 2014; Ulloa, 2016), populares o del feminismo comunitario (Cabnal, 2010), supone que los procesos de cambio son pensados para todos los sujetos, por lo que la despatriarcalización se conforma como un horizonte común/colectivo/comunitario, en que somos las mujeres, niñas y disidencias las “primeras líneas” de ese cambio, por haber sido históricamente las subordinadas a ese patrón de mundo, y por lo mismo, quienes corporalizaremos la emancipación.
Como trayectoria, el feminismo de los pueblos ha sido parte del engranaje de la revuelta, tanto desde su sentido común como desde las memorias feministas de resistencia, destacando como relato y acción “Un violador en tu camino”, del colectivo Lastesis, en que miles de mujeres y disidencias, ya no solo en Chile sino también en diversos rincones del mundo, han aunado cuerpo y voz para gritar con fuerza “el Estado opresor es un macho violador”, rememorando las violencias cruzadas y habitadas por trabajadoras, campesinas, pobladoras, secundarias, niñas, negras, migrantes, originarias, trans, entre muchas otras formas y expresiones sexo-genéricas, dotando cuerpos comunitarios para los procesos de sublevación.
La masividad y el carácter transfronterizo e internacionalista de esta performance se entrelaza con la universalidad de las opresiones que habitamos, del mismo modo que las protestas en Chile reflejan la universalidad de la precariedad de la vida en un mundo capitalista neoliberal. Es por ello que, más que nunca, nuestra lucha está inscrita en marcos universales de sentido, a partir de una memoria feminista antirracista, anticolonial y anticapitalista, desde activar el feminismo y el mundo que queremos.
Derechos de la naturaleza y justicia restaurativa
En el continente que habitamos el capitalismo se ha instituido desde diversas políticas extractivistas instauradas desde la invasión y colonización de los territorios, entendiendo por extractivismo la extracción ilimitada e inten- siva de bienes comunes (mal llamados recursos naturales o materias primas) para su circulación y generación de ganancias en los mercados internacionales (Gudynas, 2015), a costa del despojo, la usurpación y contaminación de aguas, territorios y cuerpos.
La forma que históricamente se ha explotado la naturaleza desde la configuración de la modernidad colonial ha operado de la misma manera que el modo de explotación hacia los cuerpos de mujeres y niñas, instaurando economías masculinizadas que han precarizado la vida misma, pero sobre todo de las mujeres, tanto en el campo de lo productivo como reproductivo, lo que ha determinado a su vez una resistencia antiextractivista a la agroindustria, la minería, las forestales y a la instalación de centrales hidroeléctricas desde un fuerte protagonismo de las mujeres (Fernández, 2019).
La posibilidad de cambiar el modelo energético y productivo en Chile pasa necesariamente por dar término al extractivismo, correspondiendo a un proceso de transición hacia otro tipo de economía sostenida desde la agroecología y la construcción de economías territoriales, solidarias y circulares, pero sobre todo desde la recuperación y reconstrucción de otra mirada respecto de la naturaleza, siendo también parte del relato de la revuelta y uno de los ejes para un proceso constituyente plurinacional y feminista.
Hace algunos años, desde procesos constituyentes derivados de la movilización de pueblos, territorios y comunidades, en países como Bolivia y Ecuador se comenzó a hablar de los derechos de la naturaleza como un eje para repensar las nuevas constituciones venideras, así como también desde diversos actores tanto académicos como activistas socioambientales (Gudynas, 2019).
En estos marcos los derechos de la naturaleza se convierten en un lugar posible para restaurar los ecosistemas que han sido dañados. Por ello se habla de una justicia restaurativa (Gudynas, 2019) como base de esos derechos, además de apelar a un vínculo armónico entre los diversos seres vivos que habitamos el mundo, dejando de lado la supremacía de lo humano por sobre los otros seres.
La defensa de los ecosistemas y de la biodiversidad requiere dar término a la Constitución actual, derogando así el Código de Aguas, desde el cual se ha privatizado este bien común, así como otros instrumentos privatizadores, como el incentivo al monocultivo forestal desde el decreto-ley 701, además de la creación de leyes que protejan todos los glaciares, y en que se establezca el rol comunitario de la gestión del agua tanto en contextos rurales como urbanos.
El mayor desafío está en replicar estos idearios en el proceso constituyente tanto desde lo institucional, vía nueva Constitución, como desde lo territorial, implicando necesariamente un cambio estructural de la economía y de la forma de ver y relacionarnos con la naturaleza.
Comentarios de cierre
Más que un cierre, este escrito está pensado como apertura hacia nuevos horizontes de vida, lo que sin duda se ha posibilitado por la revuelta, que, más que un estallido, se ha convertido en nuestra revolución por cambiarlo todo.
Las asambleas territoriales, los cabildos autoconvocados, las protestas y movilizaciones permanentes, las trayectorias de los pueblos, comunidades y movimientos sociales son las raíces que alimentan y que luego darán frutos para la transformación, desplazando “la cocina” del acuerdo de paz de los grupos hegemónicos por una cocina comunitaria, plural, la de la calle, de la plaza, donde la forma de vivir otro cotidiano sea nuestra principal consigna y propuesta.
No debemos olvidar, esta revolución será plurinacional, feminista y por los derechos de la naturaleza o no será.
* Francisca Fernández Droguett, Antropóloga. Integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M
Referencias bibliográficas
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Cabnal, Lorena (2010). Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. Feminismos diversos: el feminismo comunitario. ACSUR-Las Segovias, pp. 11-25.
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAI (2012). Proyecto político de la CONAI 2012. En línea: https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/
Cortés, Cleyton (2020). Notas para interpretar a la desmonumentalización como actos performáticos de ajusticiamiento. En línea: https://critica.cl/derecha/notas-para-interpretar-a-la-desmonumentalizacion-como-actos- performaticos-de-ajusticiamiento
Federici, Silvia (2010 [2004]). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
Fernández, Francisca (2019). Extractivismo y patriarcado: la defensa de los territorios como defensa de la soberanía de los cuerpos, en Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión, pp. 29-38.
Gudynas, Eduardo (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Gudynas, Eduardo (2019). Derechos de la Naturaleza: Ética biocéntrica y políticas ambientales. Santiago: Quimantú. Segato, Rita (2003). Las estructuras elementales de la violencia contrato y status en la etiología de la violencia. Brasilia: Série Antropología.
Svampa, Maristella y Viale, Enrique (2014). Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz. Ulloa, Astrid (2016). Feminismos territoriales en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos. Nómadas 45, Universidad Central, Colombia, pp. 123-139
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