La memoria no es un fondo concursable: en tiempos confusos hay que tomar posición.

Reflexiones a propósito de la convocatoria “La cultura llega a la gente”, iniciativa de la Fundación Piñera Morel

En medio de esta negación sostenida, se encuentra abierta la convocatoria al fondo “La cultura llega a la gente”, iniciativa de la Fundación Piñera Morel, que cierra a fines de este mes y cuyos resultados se anuncian para la primera semana de diciembre, cerca de la segunda vuelta presidencial.

Así es, la fundación levantada por Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel el año 2022, abre una línea de “Fondos concursables culturales” dirigida a organizaciones culturales y artísticas, presentándose como una institución sin fines de lucro con propósitos filantrópicos que apoyen al desarrollo de la educación y cultura del país. 
El fondo destina mil millones de pesos para financiar hasta 40 proyectos, con un máximo de 25 millones por iniciativa.

La paradoja es brutal: se nos invita a concursar por recursos gestionados por la misma familia que encarna la represión reciente, la herencia dictatorial y el poder económico que ha sostenido la desigualdad en Chile.

Durante su gobierno, Sebastián Piñera justificó las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta popular del 2019. No fueron casos aislados: bajo su mando se cometieron asesinatos, mutilaciones oculares, torturas y violencia política sexual. Es impresionante cómo se pretende negar aquello de lo que todas y todos fuimos testigos: los videos de las torturas, disparos a quemarropa, incendios y golpizas circulaban por nuestros celulares; las muertes se admitían en comunicados de prensa oficiales. Solo en el primer mes se contabilizaron al menos 25 personas asesinadas, la mayoría calcinadas dentro de supermercados o bodegas de empresas, otras por golpizas en manos de carabineros, disparos de militares, atropellos de carros policiales, o por paros cardiorrespiratorios tras la exposición a gases lacrimógenos. Esa política de represión hasta la muerte se sostuvo durante meses.
 Y hoy, ese legado se intenta maquillar con la máscara del filántropo cultural.

Pero los muertos, los ojos cegados, las violencias vividas no se borran con una convocatoria cultural. Tampoco se borran los dolores que siguen ocurriendo: compañeros con trauma ocular que, años después, han decidido poner fin a sus vidas. No pudieron más con la precariedad, con el abandono, con la indiferencia institucional de un Estado que prometió justicia y reparación. Sus muertes también son parte de la impunidad, también son parte de esta herida abierta.

Por otro lado, esta familia amasa una de las fortunas más acaudaladas del país, levantada sobre el trabajo y el desgaste de otros. No es un rumor: según CIPER, los Piñera Morel mantienen sociedades en paraísos fiscales, fideicomisos opacos y estructuras empresariales donde figuran sus hijas e hijos Magdalena, Sebastián, Cristóbal y Cecilia Piñera Morel desde que eran menores de edad. La riqueza no fue generada, fue transferida. Y no olvidemos el “Piñera Gate”, el fraude del Banco de Talca, las compras de acciones con información privilegiada en LAN, los negocios familiares en paraísos fiscales.
 ¿No es esta una operación de blanqueamiento? ¿Una maniobra para lavar la imagen de quienes concentran el poder económico y reprimen a los cuerpos cuando se levantan contra él?

El fondo se inserta en un contexto de debilitamiento sistemático del Estado. Cuando el Estado recorta, aparece el privado a “rescatar” lo que abandonó. Esa lógica reproduce la privatización de lo común, también en el ámbito cultural. Lo vemos hace décadas en educación y salud: aquí no hay restitución de derechos; cuando el sistema público colapsa, el Estado no fortalece lo público, sino que paga al privado cifras desorbitantes por los mismos servicios. Así, mientras los hospitales públicos sobreviven con presupuestos miserables, se inyectan recursos millonarios a clínicas privadas para descongestionar, consolidando la desigualdad estructural. Lo mismo ocurre en la educación, donde los recursos estatales terminan subsidiando universidades privadas, asfixiando lo público.
 El progresismo, lejos de revertir esta lógica, la administra con rostro amable.

En el arte y la cultura esta contradicción es constante. Festivales financiados por la gran minería que devasta territorios, proyectos que dependen de capitales con sombra corporativa, alianzas con municipalidades de derecha, discursos de inclusión teñidos de paternalismo. Pero el Fondo Piñera Morel marca un límite: no hay pudor. No es solo un mecanismo de financiamiento, es un síntoma de la profunda crisis moral y ética que atravesamos.

Frente a esta confusión organizada, es urgente volver a nombrar lo que duele: que los mismos que nos cegaron pretenden ahora iluminarnos con cultura; que los mismos que reprimieron hasta la muerte hoy posan de benefactores; que quienes se enriquecen a costa del fraude y la explotación pretenden limpiar su apellido financiando “lo cultural”.

Y no es menor que, mientras el mismo sector político al que pertenece la familia Piñera amenaza con recortar el presupuesto a cultura, inclusive con cerrar el Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, si ganan las elecciones, su fundación privada se posicione como alternativa “solidaria” para los creadores. Qué tiempos confusos: donde la dignidad, la memoria, la historia misma, pueden parecer tener precio: 25 millones de pesos.

Sin embargo, persiste algo que no se compra: la porfía, la autonomía, la insistencia de quienes no olvidan.
Porque construir memoria desde una perspectiva crítica no es un discurso vacío: son acciones, gestos, decisiones. Y participar en esta acción supuestamente filantrópica es contribuir al blanqueamiento de la muerte y la explotación. En tiempos confusos, hay que tomar posición.

La memoria no es un archivo muerto ni un fondo concursable: es un territorio vivo, que seguimos habitando. La memoria no se negocia. Que nadie nos compre el silencio. Que nadie nos arrebate la palabra. Que la cultura no sea el disfraz del olvido, sino el gesto insistente de quienes no aceptan la impunidad. Frente a la filantropía del poder, afirmamos la autonomía de la memoria, la dignidad de la lucha y la persistencia de quienes todavía creemos que otro mundo sigue siendo posible.

Posdata: una nota para que sepan quienes conforman el jurado. Un comité compuesto por nombres emblemáticos del poder cultural y político:

El jurado de este fondo lo integran Magdalena Piñera Morel (presidenta de la Fundación FPM), Paulina Urrutia (actriz, ex ministra de las culturas, las artes y el patrimonio, Gobierno de M. Bachelet), Consuelo Valdés (ex ministra de las culturas, las artes y el patrimonio, Gobierno de S. Piñera), Martín Vial (director de la Corporación Cultural de Las Condes), María Cecilia Guzmán Ossa (gestora cultural ligada al Teatro Municipal), Roberto Peralta Martínez (abogado y académico), Emilio de la Cerda Errázuriz (ex subsecretario de Patrimonio) y Gustavo Alessandri Bascuñán (alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades).