De la marcha y el salto. Chile, octubre 2019; de Tiempo Robado editoras

En medio de la revuelta social, entre manifestaciones y caminatas al centro de la ciudad, por una Alameda liberada cada tarde, en Plaza Dignidad y frente a La Moneda, tratando de registrar y comprender el momento que vivíamos, nos dijimos que era necesario –desde nuestro quehacer editorial– contribuir a la elaboración, circulación y debate de ideas sobre este momento histórico, y hacerlo sobre la marcha, con todos los desafíos que ello implicaba. Pensar cómo realizarlo, a quiénes convocar, cuáles voces amplificar, fueron las preguntas que nos hicimos a fines del año 2019 para invitar a publicar un texto plural a quienes, desde sus espacios de trabajo, reflexión y militancia, quisieran abordar algunas de las interrogantes que nos planteamos y que fueron, al mismo tiempo, punto de partida para esta publicación: ¿qué se puede decir acerca del significado del proceso actual?, ¿cómo nombrarlo?, ¿qué actores, discursos, programas han estado en juego?, ¿qué experiencias de organización tenían lugar, cuáles eran sus tensiones, cómo se abordaban?, ¿qué lenguajes visuales y performáticos se desplegaban y cómo se estaban leyendo?

Recibimos más de veinte artículos y seleccionamos once que permiten mirar desde diferentes perspectivas las preguntas iniciales. Además, quisimos ir a buscar otras voces que pudieran señalar aspectos ausentes en los artículos, en particular voces de participantes relevantes de algunas de las organizaciones que, con una trayectoria de trabajo, pudieran revisar el momento, reflexionar sobre lo que los había desbordado y por qué, y compartir sus análisis e interpretaciones. ¿Qué de sus propios caminos de lucha había permitido llegar a este momento?, ¿lo habían previsto o los sorprendió?, ¿cómo interpretaban lo que estaba pasando? Para ello realizamos siete entrevistas a activistas, dirigentes y dirigentas de organizaciones sociales sectoriales, algunas que podríamos llamar más tradicionales y otras que representan nuevas demandas y formas organizativas. En ese ejercicio, además, tuvimos que dejar fuera a muchos otros actores, y en particular a aquellos más territoriales, de reciente constitución, menos articulados quizás, y más difíciles de identificar en este primer ejercicio analítico que, sin duda, tendrá sus continuidades. Reconociendo el rol de las y los estudiantes secundarios que lograron mantener la movilización durante todo el año, enfrentando las políticas represivas del gobierno y, a la vez, realizar el gesto que fue capaz de activar todas las demandas, convocar a todas las generaciones y gatillar una movilización que aún no termina, quisimos relevar ese protagonismo e incluimos dos entrevistas.

Los artículos reunidos en este libro abordan el significado fundante del salto al torniquete hoy ya instalado como el gesto icónico que nos hizo reformular nuestra propia forma de vivir y resistir al modelo, pero sobre todo el salto al torniquete como “grito por una vida digna”, para abrir los caminos que nos lleven a imaginar nuevas formas de convivencia, de comunidad con la naturaleza y el planeta, pero también nuevas formas de lucha y organización. También, los textos miran con atención el lugar que la whipala y wenufoye ocuparon en las calles de todo el país, instalando la noción de plurinacionalidad que nos ha hecho empezar a reconocernos mestizos, dando luces y generando interrogantes sobre la creación de una nueva conciencia de clase, de una identidad que es capaz de “reconocer la morenidad” para “concebir que el mundo se abre desde el otro” modificando “al que estaba aplastado por la hoz de la historia” para constituirlo en protagonista. Otros autores y autoras revisan y repasan las condiciones materiales que veníamos resistiendo tras el término de la dictadura y la crisis global del capital y se preguntan “¿por qué no despertamos antes?”. Abordan la importancia de las memorias de lucha y las “formas históricas con las que el pueblo se ha organizado para deliberar y acordar acciones: asamblea, cabildo, trawün”, las ollas comunes parte de una historia arraigada en la dictadura e incluso antes, las asambleas territoriales desde donde emerge con fuerza la demanda por una Asamblea constituyente popular feminista y plurinacional, que no es la del Acuerdo firmado en un Parlamento deslegitimado, aunque el proceso que habilitó la realización de un plebiscito[1] –al menos, destituyente–, fue conquistado por esta movilización, la más importante de la posdictadura.

Por nuestra parte, consideramos que lo que se inició en octubre no se inició en octubre realmente. Incluso, en nuestro propio trabajo editorial pudimos ir detectando movimientos subterráneos, y algunos no tanto –como son mencionados a lo largo de estos textos: las movilizaciones contra Hidroaysén, los estudiantes y sus revueltas del 2001, del 2006 y del 2011, los portuarios, los subcontratados, no+afp entre otros– que se venían dando hace años. Al revisar con atención los artículos, y en particular las entrevistas, pudimos confirmar que, efectivamente, la movilización, la organización y la reflexión ya estaban en curso y que, incluso, ese 18 de octubre varias de las personas entrevistadas se encontraban en medio de congresos, encuentros y plenarias, preparándose para diversos eventos y movilizaciones.

Hasta entonces, esos esfuerzos que, cada cierto tiempo, confluían en grandes y masivas movilizaciones como las que mencionamos, no habían llevado a mayores resultados en términos de unidad. Como una excepción quizás podemos mencionar la iniciativa de Unidad Social que, ya en junio de 2019 convocaba a movilizarse en torno a la consigna “Nos cansamos, nos unimos”. En ese momento, tuvimos la oportunidad de escuchar con sorpresa que algunos de sus dirigentes esperaban movilizaciones como las “protestas del 83”. Y claro, junio de 2019 no fue mayo de 1983, pero podríamos decir que octubre sí recupera algo de ese momento de inflexión en plena dictadura.

No compararemos aquí el ciclo de protestas populares que se inicia en mayo de 1983 con la revuelta de octubre porque el contexto dictatorial y el largo periodo de resistencia de organizaciones políticas y sociales que veían entonces sus resultados durante ese mayo, no es comparable. La conformación territorial de una ciudad y un país mucho más segregado tras el largo ciclo neoliberal –con y sin dictadura–, la inexistencia de organizaciones político-partidistas con algún tipo de liderazgo en los sectores movilizados, la transformación radical del mundo del trabajo y, con ello, el de las y los trabajadores, entre otros muchos elementos, no permiten equiparar dichos momentos pero, sin duda, la irrupción masiva de una movilización gatillada por un evento tan particular como el aumento del valor del transporte, nos hicieron recordar esas expectativas de un junio recién pasado, expectativas que habíamos escuchado con cierto desconcierto e incredulidad.

Al realizar las entrevistas y revisar los textos que incluimos en el presente trabajo, aparecen con claridad los esfuerzos de largo aliento que diferentes organizaciones, de antiguo y nuevo tipo, y sus militantes populares, vienen realizando. Junto con las luchas de las organizaciones sindicales y gremiales más tradicionales como el Colegio de profesores, los portuarios, los trabajadores del cobre, o los estudiantes secundarios, vimos emerger nuevas contiendas o, sería más preciso decir, nuevos actores y nuevos enfoques en luchas como las medioambientales y las feministas.

Algunos textos muestran la tensión existente entre las formas de articulación sectorial o territorial, expresivas de una búsqueda de horizontalidad, y aquellas más centralizadas y multisectoriales, que son parte de culturas y tradiciones organizacionales de larga data. Esa tensión se relaciona con una demanda transversal de participación vinculante en la decisión de los asuntos de interés común en la sociedad, demanda existente, también, al interior de las organizaciones sociales.

También aparece con claridad el carácter tremendamente radical que las luchas feministas han logrado imprimir a la actual movilización popular, lo cual les ha permitido instalarse con fuerza en el debate, agenda y actividad públicas. Con una larga, aunque muchas veces desconocida, historia de conquistas al calor de las diferentes olas del feminismo, la emergencia de una corriente capaz de apuntar al corazón del modelo patriarcal y neoliberal ha logrado transversalizar las demandas e instalarlas en todos los frentes de disputa. Esta comprensión de la violencia patriarcal como un sistema global, presente en lo privado y lo público, en el trabajo productivo y reproductivo, y que han definido como “precarización de la vida”, le ha dado un nuevo carácter e impulso al movimiento feminista. Impulso que logró transformar el llamado a la Huelga General Feminista del 8 de marzo de 2019 en la mayor movilización desde el fin de la dictadura, para solo ser superada por sí misma, un año después, el de marzo de 2020. Pero no solo la articulación de luchas y demandas en torno a este concepto amplio le ha dado una nueva fisonomía y radicalidad al movimiento feminista, también, nuevas formas de organización, de vocerías, de vinculaciones y de trabajo han interpelado a las organizaciones más tradicionales. No sin dificultades, se han transformado en protagonistas relevantes de este nuevo periodo de luchas.

La revuelta aceleró como nunca antes el tiempo y desencadenó procesos que hasta ese momento parecían imposibles y que fueron a buscar sus fuerzas y recursos a esa experiencia que subyacía en las trayectorias populares de todos estos años. Y aunque muchas veces reflexionamos sobre lo arraigado de una consciencia neoliberal de la vida, articulada en torno al consumo y al esfuerzo individual, nos sorprendimos con la capacidad de todas y todos para explicar las razones de la rabia acumulada, de la violencia social, de la revuelta y la necesaria lucha por una vida digna. Lo que para las elites económicas y políticas y sus representantes aparecía como algo ajeno e incomprensible, un despertar inusitado, era explicado con simpleza y claridad por cada uno de las y los que se sentían convocados a las movilizaciones: por las pensiones, por la educación, por el aborto libre, por la salud pública, por la vivienda digna, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas… por una nueva Constitución. Todas ellas demandas discutidas en las asambleas y cabildos que brotaron y se multiplicaron en las plazas, en parques y barrios a lo largo de todo el país, espacios en los que aparecía la experiencia de la lucha sectorial y subterránea de tantos y tantas

Rápidamente la represión se desencadenó criminalizando a amplios sectores sociales movilizados. Esta fue la primera respuesta del gobierno, que luego durante la pandemia, incluso incrementó. Así, se demostró que la violencia estatal es un componente central de la política gubernamental y que su empleo sistemático ha configurado un verdadero estado de excepción permanente, fortalecido durante la emergencia a través de una serie de medidas administrativas, legislativas y policiales, respaldadas también por una parte de la oposición.

La brutalidad, magnitud y alcance de la acción represiva y su secuela de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ha quedado de manifiesto a través de las cifras y denuncias documentadas a nivel nacional e internacional, sin embargo, esos delitos, agravados por la responsabilidad estatal, no han sido perseguidos y judicializados salvo en un número muy reducido de casos, confirmando, una vez más, que la impunidad con que actúan los agentes estatales no es una limitación o una falla del sistema de administración de justicia, sino una condición estructural que atraviesa, aunque de distinta manera, a todos los organismos y poderes del Estado.

Pero, contrariamente a lo esperado desde el gobierno y los sectores que lo respaldan, la represión no contuvo la movilización y, para hacerle frente surgieron diversas estrategias defensivas y nuevas formas de organización popular, con las brigadas de primeros auxilios, los piquetes de abogados y abogadas que recorrían comisarías exigiendo el reconocimiento de las personas detenidas, las labores de denuncia y visibilización, y la organización para el resguardo en marchas y manifestaciones. Mientras la organización social y popular se iba consolidando, sin por ello avanzar sustancialmente en formas de unidad más duraderas y estables, las elites, junto con disponer intensivamente del recurso histórico a la represión, se apresuraron a buscar salidas institucionales “por arriba” que les permitieran poner límites a las demandas sociales, y mantener el control de la agenda política. El “Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución” descolocó parcialmente a la movilización en curso que, no obstante, se convirtió en un ciclo prolongado, aun en pandemia. Un año después todavía estamos en ese ciclo que continúa abierto. La continuidad de la movilización y el contundente resultado del plebiscito de octubre de 2020 lo confirman. A pesar de los límites impuestos, estos no son definitivos, finalmente, estarán determinados, sobre todo, por la potencia de la organización y la movilización popular y, por su capacidad de incidir en la deliberación constituyente pero, sobre todo, por su capacidad de desbordarla.

***

[1] Nos referimos al “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 en el Parlamento, y al plebiscito que consulta sobre la redacción de una nueva Constitución para Chile que, finalmente y en razón de la pandemia por Covid-19, se realizó el 25 de octubre de 2020.