En 1918 la ciudad de Córdoba se conmovió por un acontecimiento cultural que marcaría la historia de las universidades argentinas durante el siglo XX. Las protestas de los estudiantes de su Universidad dieron forma en el transcurso de ese año, a un programa de transformación educativo profundo de las casas de altos estudios, que demandó la participación de los estudiantes y diplomados en su gobierno, la renovación de su profesorado, de su enseñanza e investigación científica.
El conflicto universitario cordobés había comenzado a fines de 1917 como un episodio menor de reclamo gremial del Centro de Estudiantes de Medicina ante las autoridades académicas, por la supresión del régimen de Internado del Hospital de Clínicas. Pero en poco tiempo abarcó a toda la universidad y el conflicto adquiriría repercusión política nacional. A la negativa del rector y de su consejo superior por revisar la medida sobre el Internado, desde marzo de 1918 los estudiantes organizaron un Comité Pro Reforma Universitaria, llevaron adelante movilizaciones y una huelga, cuestionando la calidad docente y científica de la enseñanza universitaria y la estructura oligárquica de su gobierno, detentado por Academias cuyos miembros no tenían vínculo con la cátedra.
El contexto nacional en el que emergía el conflicto universitario era el de la primera democracia política en el país y el inédito traspaso del control político del Estado de manos de los sectores dominantes liberales al Radicalismo, debido al triunfo de su líder Hipólito Yrigoyen en las elecciones presidenciales de 1916. Al tratarse de una universidad pública dependiente del Estado federal y ante las posiciones irreductibles de sus protagonistas, la resolución del conflicto pasó a depender de la intervención del gobierno nacional.
A la influencia sobre los estudiantes de la democratización política del país, se sumaban las de la Gran Guerra Europea y la Revolución bolchevique de 1917: mientras la guerra mostraba la crisis de la sociedad burguesa y del liberalismo político, la revolución anunciaba la construcción de una nueva sociedad en el mundo, liderada por el proletariado.
La Universidad de Córdoba revelaba los rasgos de una dirección científica y educativa arcaica, controlada por los intelectuales vinculados a la elite provincial conservadora y al clericalismo católico. La enseñanza era denunciada por sus estudiantes por las deficiencias de método y de capacidad intelectual de sus docentes, por el rezago de sus conocimientos con relación a las nuevas corrientes científicas. Su universidad se encontraba en una situación de atraso intelectual y la investigación en sus laboratorios era inexistente. Su gobierno ejercido por las Academias científicas, era criticado por su carácter cerrado, por su desvinculación de la docencia, incapaz de producir una renovación de la educación y de la ciencia.
La primera intervención del Poder Ejecutivo Nacional a la Universidad en abril de 1918, impuso una reforma que modificó el gobierno académico y otorgó la autoridad de la dirección del mismo a sus profesores. Pero el fracaso de esta reforma se reveló el 15 de junio, con el triunfo del candidato a rector de las fuerzas conservadoras y clericales Antonio Nores, sobre el de la renovación Enrique Martínez Paz, apoyado por los estudiantes. Éstos relanzaron la huelga y las protestas por la reforma universitaria, que ocupó otra vez las calles de Córdoba. A los apoyos del gobierno Radical, de la Federación Universitaria Argentina (organizada en abril de ese año), de las federaciones de estudiantes del país y de los partidos e intelectuales liberales y de izquierda, el movimiento reformista sumó el de los sindicatos obreros de la provincia y desde ese momento estudiantes y trabajadores proclamaron la solidaridad y apoyo mutuo en sus respectivas luchas.
Los estudiantes de Córdoba profundizaron su programa de demandas reclamando su participación y la de los diplomados en el gobierno de la universidad. A las que agregaron la docencia libre, que ampliaba las posibilidades de renovación intelectual y el pluralismo en el ejercicio de la enseñanza, así como la asistencia libre a clases y la vinculación del cuerpo docente con la sociedad por medio de la extensión universitaria.
En pocos meses el movimiento estudiantil había ganado en conciencia de sus intereses gremiales, constituido una organización de representación nacional (la Federación Universitaria Argentina) y asumido como derecho propio su participación en la dirección de los asuntos educativos y científicos de la universidad. En los discursos de los estudiantes apareció la afirmación de su compromiso con el pueblo, nombrado como el sujeto de la soberanía nacional que legitimaba su reclamo por un régimen democrático también en la universidad, en reemplazo del “viejo orden” académico y docente, calificado como aristocrático y oligárquico.
Ese compromiso era para los estudiantes un mandato social a cumplir, por su condición de intelectuales que realizaban su formación en las aulas y en los laboratorios de las universidades, desde los que saldrían para renovar la cultura argentina. El virtuosismo social y moral de la “misión” intelectual que esa juventud universitaria declamó que ejercería en la sociedad, se completaría cuando también por su acción, las manifestaciones de la ciencia, el derecho y el arte así como los principios éticos elaborados por esa nueva cultura, se propagaran en el pueblo. El programa universitario reformista expresaría el pensamiento social y político que los estudiantes habían dado forma con sus protestas a lo largo de 1918.
Su manifiesto del 21 de junio “La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica”, escrito por Deodoro Roca y reconocido como el “Manifiesto liminar” de la reforma, sintetizó las demandas del movimiento estudiantil y las ideas que lo orientaban. El imaginario democrático y republicano, liberal, anticlerical y solidarista, puebla de términos este escrito, influido por el clima político nacional de democracia, de conflictos sociales, de afirmación del movimiento obrero y de las fuerzas de izquierda por los derechos de justicia social, así como por los vientos de revolución en Europa.
La definición del conflicto de Córdoba llegó por una nueva intervención de su universidad por Yrigoyen en agosto de 1918. Ese mismo mes la asamblea universitaria consagró a las primeras autoridades reformistas: eligió Rector a Eliseo Soaje, quien contó con el apoyo de la Federación Universitaria cordobesa. La Reforma Universitaria triunfó en Córdoba, ya se había impuesto en la Universidad de Buenos Aires en agosto y en junio de 1920 lo haría en la de La Plata. El movimiento de reforma universitaria contó con el apoyo del gobierno Radical, el que también nacionalizaría las universidades del Litoral en 1919 y de Tucumán en 1921.
La democratización que Yrigoyen auspició le posibilitó desplazar de la dirección de las universidades a los intelectuales de las clases dominantes oligárquicas y permitir, aun sabiendo que no contaba con la posibilidad de controlarlo, el ingreso a sus cátedras a contingentes de intelectuales de las clases medias y ampliar el acceso a sus carreras de mayores contingentes de jóvenes provenientes de las mismas y de las criollas de provincia. Sin embargo, continuó excluyendo a los jóvenes de familias obreras y ello marcaba los límites sociales de los cambios buscados y obtenidos. Pero el diseño institucional de la Universidad reformista de la década de 1920 se caracterizó por el sentido democrático que asumieron las relaciones universitarias: la prevalencia del estudiante y del graduado como electores en sus asambleas y la participación de sus representantes en los cuerpos directivos. Los centros de estudiantes afianzaron el ejercicio electoral y fortalecieron la emergencia de agrupaciones ideológicas que disputaron el voto estudiantil para alcanzar su conducción.
En su Centenario, la significación histórica de la Reforma Universitaria impulsada por los estudiantes de 1918 aparece en toda su dimensión: fue un proyecto de renovación educativa y científica para la universidad, convirtiéndose también en un movimiento ideológico democrático, latinoamericanista y antiimperialista, con influencia en la vida pública y política de la Argentina y de proyección continental a lo largo del siglo XX. Su crítica de la universidad de minorías, su rechazo a la mercantilización de la ciencia y a su apropiación clasista e individual, su afirmación por una universidad como centro de elaboración de ciencia y cultura colectiva social que promoviera el desenvolvimiento del país puede y debe ser reapropiado y afirmado hoy.
En un presente de amenazas para el funcionamiento de las universidades y las instituciones de ciencia pública por la aplicación de las políticas neoliberales, reapropiar la tradición reformista puede contribuir a defender el principio de la enseñanza universitaria como un derecho humano y universal de los ciudadanos y de acceso gratuito. Y es un deber del Estado garantizarlo para la construcción de una sociedad democrática e inclusiva.
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Osvaldo Graciano es Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del CONICET y Profesor Asociado Ordinario de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Quilmes.
Perfil del autor/a:
Notas:
- Vidas y andanzas de la Reforma. Con ese título, en 1936, la revista cordobesa “Flecha”, creada y dirigida por Deodoro Roca, trataba un balance de los éxitos conseguidos por el movimiento estudiantil argentino. Lejos de una mirada complaciente de un pasado siempre mejor, proponía una consideración de la Reforma como punto de partida de una transformación política y social aún inconclusa, renovada tanto en sus horizontes como en los obstáculos que la flanqueaban. Por ello, los textos reunidos en este dossier buscan interpelar y alertar contra visiones inmóviles y acríticas sobre el reformismo; por el contrario, se interesan por vitalidades y derroteros de una tradición político-intelectual en constante disputa.
