Mientras en los medios de comunicación difunden las historias de esfuerzo de chiquilles que, pese a sus contextos adversos, obtienen puntajes destacados en la prueba de transición; hacen comparativas respecto del año anterior destacando, por ejemplo, la disminución en la cantidad de puntajes nacionales y la mejoría en los promedios de notas en pandemia; y hacen noticia con un leve “estrechamiento” de la brecha entre quienes egresan de colegios privados y quienes lo hacen de establecimientos que reciben financiamiento del estado, otro nudo de exclusión sigue sin aflojar: las barreras en el acceso a gratuidad para les estudiantes migrantes. De ese nudo quiero hablar.
Todos los años en este transe que es pasar de la enseñanza media a la educación superior, hay estudiantes que sin importar el puntaje obtenido en la prueba de transición ni cuánto se hayan sacrificado para obtenerlo, ven cómo comienza a derrumbarse el sueño de estudiar en la universidad. Son estudiantes que, a diferencia de sus pares chilenos, no nacieron en este territorio sino en algún país vecino o del centro de nuestro continente. Algunes de elles, incluso, pueden haber cursado toda su enseñanza en nuestro país, pero ser hijes de padres migrantes en situación irregular. Déjenme que traiga un ejemplo para explicar cómo es esto posible. Durante mis años trabajando en el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, en una universidad privada bastante “exitosa” en los rankings de calidad que las jerarquizan (la llamaré “la universidad”, porque podría ser cualquiera de las que implementa el programa), conocí –en la feria de la postulación– a una estudiante que soñaba con ser enfermera y había trabajado años para ello: era la mejor alumna de toda su generación y en su liceo habían 10 cursos por nivel. Es decir, ¡era la número 1 de entre aproximadamente 300 estudiantes! La llamaré Genoveva para proteger su identidad.
Genoveva llegó al stand de PACE porque había estudiado en uno de los liceos acompañados por “la universidad”. Durante su escolaridad, profesores y directivos de su liceo enfatizaron en que las notas obtenidas eran fundamentales para poder estudiar una carrera, porque se convertían en un puntaje que se sumaba al que obtuviera en la prueba de ingreso a la educación superior. Luego vino el programa PACE y además de insistir en las buenas notas, se sumó el ingrediente de la asistencia a clase. Tener buen porcentaje de asistencia se convierte para les estudiantes de liceos PACE, acompañados en un porcentaje positivo que se suma a sus notas. Ella cumplió con todo; sus profesores la incentivaron a esforzarse y también su mamá, siempre muy presente. Genoveva rindió la prueba –en ese entonces la PSU– y obtuvo un buen puntaje, pero no el suficiente para postular a enfermería. No es de extrañar: Ella cursó desde séptimo a cuarto medio en un liceo comercial del centro y la carrera de sus sueños no sólo era del área de las ciencias de la salud, si no además una que tiene puntajes de corte bastante altos. Una ruta quizás difícil de “congeniar” entre enseñanza técnico-profesional y educación postsecundaria científica-humanista, pero bastante frecuente entre los deseos de les jóvenes.
Como su liceo era parte del PACE podía postular igualmente a un cupo por esa vía. Esa fue una noticia maravillosa para ella y que profesores y directivos celebraron. Todo comenzó a derrumbarse cuando se dio cuenta que por alguna razón que no entendía, no había quedado “seleccionada” para la gratuidad. ¿Por qué o cómo llegó a pasar que, teniendo todo el sueño configurado y todas las posibilidades abiertas, fuese discriminada de la gratuidad?
Su mamá trabajó siempre como garzona, por lo tanto, nunca tuvo un contrato. Siete años de trabajo en Chile y nunca un contrato; una realidad que seguramente a la mayoría de quienes leen esto no les sorprenda. ¿Quién tiene un contrato en Chile, el país en que hasta muches de quienes trabajan en el servicio público pertenecen al llamado “boletariado”? Ahora bien, para quienes son migrantes esto implica no poder regularizar su situación migratoria y para sus hijes, que sólo puedan tener Visa para Niñas, Niños y adolescentes en edad escolar (si es que trajeron o pueden conseguir en su país de origen todos los papeles que se requieren para tramitarla). Esta visa, que fue creada poco tiempo antes de que terminara el segundo gobierno de Michelle Bachelet, permite “regularizar” a les niñes, pero es un tipo de visa que siempre es temporaria. Al cumplir los 18 años, por tanto, eses jóvenes quedan / “caen” en situación irregular.
Para que Genoveva pudiese cumplir su sueño necesitaba contar con gratuidad o al menos con una beca. Esta última alternativa, en el caso de les estudiantes migrantes queda inmediatamente descartada pues todas las becas –TODAS, menos la beca Juan Gómez Millas para extranjeros– tienen como requisito ser chileno/a (también el Fondo Solidario). Y la gratuidad tenía (y tiene) como requisito tener Permanencia Definitiva en Chile. Éste era/es un requisito imposible de cumplir y que les excede a elles como individues: tener permanencia definitiva depende exclusivamente de que sus padres tengan esa visa. A todas luces se les castiga por el estatus migratorio de les adultes, lo que contraviene acuerdos internacionales de protección de les niñes que Chile ha suscrito y ratificado.
La única opción que tenía Genoveva para no perder el cupo de ingreso vía PACE (que sólo dura el año que egresas) era matricularse y congelar, entrar a trabajar a algún lugar con contrato y esperar 2 o 3 años, que es lo mínimo que se tarda una persona migrante en pasar de visa temporaria a visa definitiva. Sin embargo, quienes no quedan seleccionades para gratuidad tienen que pagar el monto de matrícula cuyo valor era (y es) impagable para una joven como Genoveva. Además, el tiempo que le hubiese tomado esperar a tener visa definitiva excedía con creces el año que puedes tener congelada tu carrera. ¿Qué pasó con Genoveva? Desistió de entrar a estudiar y aun hoy no ha cursado estudios superiores.
En marzo de 2018, dos meses después del evento que relaté, asumió el gobierno Sebastián Piñera. Durante su mandato, a ese requisito –tener Permanencia Definitiva– se sumó otro: haber cursado la enseñanza media completa en Chile.
Quiénes llevamos años denunciando esta forma de racismo en los criterios de la gratuidad –por estatus migratorio y origen nacional– explicamos porqué son discriminatorios de la siguiente manera: es de conocimiento público que la gratuidad se asigna en base a la situación socioeconómica familiar y ésta se informa a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Sin embargo, hubo, hay y habrá estudiantes que, pese a tener una situación socioeconómica acreditada que los hace susceptibles de todas las becas y de gratuidad, en estas fechas descubren que cumpliendo todos los requisitos académicos y económicos no podrán estudiar por no haber nacido aquí, por ser hijes de padres migrantes en situación forzosamente irregular, o por no haber llegado en el momento “oportuno” a vivir a nuestro país (por ejemplo, haber llegado en segundo medio).
Escribo esto soñando con que el nuevo gobierno de Gabriel Boric, el trabajo de la Convención Constituyente o los nuevos parlamentarios se animen a vigilar y prohibir que estas discriminaciones por origen nacional y estatus migratorio de les niñes se sigan permitiendo. Mientras eso ocurre, habrá personas y organizaciones que seguiremos luchando para que todes les niñes sean iguales ante las instituciones responsables de velar por sus derechos y puedan vivir libres de esta y otras formas de violencia política con ribetes racistas.
Perfil del autor/a:
Doctora (C) en Sociología Universidad Alberto Hurtado y descendiente, después de varias generaciones, de un alguien que cruzó a Chile por un paso fronterizo no habilitado (antes de que esa nomenclatura fuese siquiera inventada).