La calle me habla: Una reflexión sobre intervenciones en la vía pública

El debate sobre criminalizar las intervenciones callejeras revive una vez más con la discusión del proyecto de ley para crear un registro de vándalos. El fenómeno no es nuevo, nos dice en esta columna Paola Pérez, que nos comparte su análisis con un zoom específico en los stickers.

El anuncio del proyecto de ley para crear un registro de vándalos me llevó una vez más a pensar en el debate sobre criminalizar las intervenciones callejeras. Convengamos que hacerlo no es nuevo (como ejemplo podemos ver imágenes decimonónicas de sufragistas fijando carteles con consignas) y que en contexto de protesta es más común que se catalogue de vandalismo. Hablaré de stickers porque me es lo más cercano, pero también consideraremos intervenciones callejeras, ciertos rayados ideológicos, letreros y stencils.

Antes de continuar, quisiera establecer algunas definiciones imprescindibles para comprender el asunto:

• Incivilidad (falta de civismo): son conductas molestas que rompen las normas básicas de convivencia, pero no son delitos. No hay destrucción, solo alteración del orden.
• Vandalismo (destrucción): es el acto intencionado de dañar, romper o ensuciar la propiedad (pública o privada), por diversión, protesta o maldad, sin el objetivo de obtener un beneficio económico.
• Delincuencia (acción ilegal grave): es el cometer un delito tipificado por la ley, donde existe una transgresión grave que suele involucrar el robo, la violencia, la estafa o el daño a personas con intención ilícita y/o lucrativa detrás.

Ahora bien, a propósito de incivilidades, hace algunos años comencé a pegar stickers con mis poemas en la vía pública. Muros, postes y paraderos fueron el primer soporte para mostrar lo que hago. Siempre digo que fueron mis primeras publicaciones y hasta el día de hoy (siete años después) me siguen llegando mensajes de «vi un sticker tuyo en la calle, me alegró el día». Esa es la principal razón por la cual me niego a aceptar que nuestras intervenciones sean catalogadas como vandalismo o simples «incivilidades».

Defender el sticker —ya sea un poema, una ilustración con diseño propio, un código QR que te conecta a una canción, o cualquier otra manifestación cultural— exige un cambio de paradigma profundo. Implica desplazar el foco desde la rigidez del asfalto gris y la propiedad privada hacia el valor cultural, comunitario y democrático de nuestro entorno.

El orden de una ciudad no puede medirse únicamente por la asepsia de sus muros, sino por su capacidad de albergar vida, pensamiento y expresión libre. El espacio público es el único escenario donde el arte es verdaderamente transversal, gratuito y desprovisto de barreras socioeconómicas, donde podemos hablar realmente de democratización radical de la cultura. Y aquí el sticker es un soporte democrático por excelencia, porque cuando pegamos un poema, un diseño visual o un QR musical en un paradero o luminaria, estamos interrumpiendo la rutina de quienes no habitan los circuitos tradicionales de la cultura. Rompemos los muros invisibles de los museos, las galerías y las editoriales de nicho, transformando el tránsito cotidiano en una galería colectiva y en un espacio de descubrimiento artístico.

Por otro lado, fomentamos la humanización, memoria y el derecho al asombro, ya que cada vez se tiende más a la monotonía visual del cemento y la señalética restrictiva. Entonces, una intervención a través del sticker actúa como lo que el urbanismo define como una «pausa de habitabilidad»: un quiebre en el automatismo diario que regala al transeúnte un segundo de reflexión, música, belleza o disidencia mental. Lejos de degradar, estas acciones rescatan el entorno de la indiferencia, dotando a los mobiliarios urbanos anónimos de una identidad local, una memoria territorial y una voz propia que ensalza el sentido de pertenencia comunitaria.

¿Quién no ha dicho «qué bonito, le voy a tomar una foto» al ver algo que llama la atención en la calle? A veces se siente como justicia visual frente a la saturación publicitaria. Y es que existe una profunda contradicción ética en las políticas de ordenamiento urbano. Las calles ya están masivamente intervenidas por grandes corporaciones que pagan por saturar el paisaje con publicidad invasiva que incita al consumo. Defender el sticker en todas sus formas es defender el derecho a la ciudad frente a su mercantilización: si las marcas tienen el privilegio de colonizar la mirada ciudadana con fines de lucro, los habitantes tenemos el derecho legítimo de usar el espacio de manera no destructiva para compartir ideas, sensibilidad, música y contracultura.

Desde un análisis estrictamente material, equiparar el sticker con el vandalismo destructivo (como la quema de mobiliario o la destrucción de infraestructura) es un error de proporción. Los stickers son intervenciones de mínimo impacto físico. Son completamente reversibles, no alteran la función del objeto donde se colocan y no demandan costosas reparaciones estructurales. Tratar una manifestación artística efímera con el mismo rigor punitivo que un delito material denota una preocupante falta de criterio técnico y social por parte de las autoridades.

Cuando se aplican lógicas de «tolerancia cero» y catalogan la microintervención cultural como una infracción, el costo para la sociedad es severo e invisible a corto plazo: porque en primer lugar, caemos en la homogeneización y el silencio de la ciudad; al perseguir el sticker, la administración pública extirpa el termómetro social de las calles y la ciudad se convierte en un espacio genérico, un corredor limpio pero huérfano de alma y pensamiento crítico. También se ven afectadas y desplazadas las identidades emergentes, ya que el formato del sticker constituye el canal natural de expresión para la ilustración joven, la música independiente y la literatura popular que no encaja o no busca entrar en los circuitos comerciales tradicionales. Criminalizar el soporte es silenciar la riqueza de los creadores locales.

Por último, en la paradoja democrática de que cuando se retira una consigna cultural/artística/protesta argumentando la defensa del espacio público pero se mantiene un cartel comercial a pocos metros, el mensaje implícito es devastador: la expresión en la calle solo es válida si se tiene el capital para pagarla.

En conclusión, creo que sancionar estas microintervenciones urbanas bajo el relato de la seguridad pública es un síntoma de una ciudad que confunde limpieza con convivencia. Perseguir el eslabón más inofensivo de las expresiones callejeras no reduce la delincuencia real; solo despoja a la comunidad de sus espacios de resistencia estética.

Una ciudad que persigue un poema, un diseño o una canción en un muro (o poste, paradero, etc. ya que obviamente no voy a defender a quien lo haga en un moai o un árbol milenario, por ejemplo) es una urbe que camina hacia la indiferencia.

Se habla mucho de falta de seguridad, pero ¿de verdad es necesario invertir recursos en darle prioridad a «protegernos» de stickers, letreros y rayados que contienen consignas u otras expresiones? ¿Habría que meter en la balanza el contenido de estos y no solo el soporte? Aunque quizás, la pregunta que nos compete en este momento es ¿debería parecernos raro llegar a esta situación?