Afrochilenos, la discusión que el Estado no quiere dar

/ por Elena Oliva

El miércoles 11 de mayo, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, en una carta al director del diario El Mercurio, precisa los errores legales, conceptuales e históricos de una editorial que el mismo medio había publicado días atrás. La carta habla de la necesidad, en cumplimiento con el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile el año 2008, de llevar a cabo una consulta indígena específica en el marco del actual proceso constituyente. El ministro en su exposición argumenta también la oportunidad que como país tenemos de recoger las opiniones y demandas de representantes de todos los pueblos indígenas para una nueva Constitución. Su pertinente respuesta, ante la marcada ideología del diario de Agustín, trata de ser coherente con los estándares internacionales y de reparar injusticias históricas. Pero, nuevamente alguien queda fuera. Así como el ministro habla de las erradas políticas que se emplearon con los indígenas a fines del siglo XIX y comienzos del XX, un siglo más tarde hacemos lo mismo con los afrochilenos.

Marta Salgado, presidenta de la ONG Oro Negro, en una carta a El Mercurio que no fue considerada para su publicación, llama la atención sobre la completa omisión que el ministro hace de los afrochilenos, quienes por años han luchado organizados para alcanzar su reconocimiento en este país. Una reivindicación que ha tenido varios frentes –constitucional, estadístico, cultural e histórico–, pero que siempre ha sido ignorada.

El argumento principal de la carta de Salgado es la no contemplación de los afrochilenos como pueblo tribal, un concepto que el Convenio 169 utiliza para distinguir social, cultural y económicamente a un sector, dentro de la colectividad nacional, que está regido por sus propias costumbres o leyes. Se trata de grupos que no descienden de los pueblos originarios, pero que se han asentado en el territorio de un país independiente, manteniendo a lo largo de la historia su particularidad. Los afrochilenos, situados en la región de Arica y Parinacota, cumplen ese perfil, así como muchos grupos de afrodescendientes en el resto de América Latina. Un aspecto que el Ministro Barraza parece desconocer es que a partir de esta distinción y definición que entrega la OIT, un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudo reconocer las graves violaciones cometidas por la República de Surinam en contra del pueblo Saramaka, sancionando al Estado el año 2007 con la obligatoriedad de adoptar políticas legales y administrativas especiales.

Pero, para la adecuada aplicación del Convenio 169, antes se necesita saber quiénes son los afrochilenos dentro del marco nacional. La visibilidad estadística es una de las herramientas fundamentales para la aplicación de cualquier normativa o política nacional e internacional, de la cual también han quedado excluidos. Pese a que el año 2013 se hizo una encuesta de caracterización de la población afrodescendiente sólo para la XV región, su inclusión en el Censo nacional sigue siendo negada. Desde antes del Censo 2012, los afrochilenos a través de sus organizaciones han dado la pelea por ser incluidos como una categoría específica. Sin embargo, ambos gobiernos de Bachelet, y la administración de Piñera mediante, no han accedido a esta petición. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ha dado múltiples explicaciones para su negativa, entre ellas el poco conocimiento que se tiene del término “afrochileno”. Ciertamente no es un concepto plenamente incorporado al vocabulario cotidiano, pero ello se debe justamente al borramiento que se ha hecho de esta parte de nuestra historia. Se nos enseña la Guerra del Pacífico, pero nada se dice de cómo los negros del Valle de Azapa, de Arica y de las zonas aledañas fueron duramente incorporados a Chile, a la vez que constantemente negados.

La carta de Salgado es una pieza más de la demanda por reconocimiento histórico que Oro Negro, junto a otras organizaciones, han desarrollado al alero del movimiento afrodescendiente en América Latina. Un reclamo del todo pertinente en el marco del Decenio de los Afrodescendientes (2015-2024) proclamado por la ONU con el objetivo de entregar reconocimiento, justicia y desarrollo a estos pueblos en cada país. Una instancia que el Estado de Chile parece, otra vez, no conocer.

Carta de Oro Negro a EL MERCURIO, mayo de 2016