Por: Rodrigo Jofré y Constanza Ambiado.
Bastante se ha jactado el gobierno central sobre lo que supone como una rápida reacción a la crisis sanitaria. En la primera quincena de marzo, el gobierno central lanzó el “Plan de acción Coronavirus COVID-19” y designó al Ministro de Salud Jaime Mañalich como “Coordinador Interministerial del Plan para Proteger a los Chilenos del Coronavirus”; días después se contrataría una campaña comunicacional por parte de las autoridades sanitarias por 400 millones de pesos. En esa línea, la actividad gubernamental se ha hecho acompañar de continuos discursos públicos entregados en cadena nacional y medios de comunicación, decretos y mensajes de ley marcados como acontecimientos de la vida pública, así como conteos diarios del desarrollo de la Covid-19 en los distintos territorios del país. Sin embargo, la pandemia mundial exige mucho más que solo información, también se hace necesario priorizar el cuidado y resguardo social frente al potencial riesgo de contagio y asegurar las condiciones de vida que permitan el cuidado de todos. No basta con que nos digan cómo cuidarnos, también es urgente generar las condiciones que lo hacen posible. De inmediato acecha la duda sobre el manejo de la crisis sanitaria del Ejecutivo, de si efectivamente se trata de un ejemplo de buena gestión o simplemente una buena estrategia de comunicación.
Respecto a la estrategia comunicacional, una de las primeras cosas que se deben señalar es el lugar que se la ha dado a la migración en esta estratagema. Se podría decir que la figura del migrante entró a escena pública con la portada de La Segunda publicada el 7 de abril, medio que decidió usar la imagen de una joven mujer afrodescendiente con mascarilla junto a un bebé para acompañar un titular de urgencia que advertía sobre la llegada de la pandemia a Chile. Con esta presentación se selló el renacimiento de una antigua asociación que se fragua hace más de un siglo en Chile: el vínculo entre migración y peligro. Solo bastó un titular con una fotografía de un medio de comunicación conocido para reactivar discursos racistas y discriminatorios.
Días después, el 10 de abril, el Presidente Piñera en un discurso público, utilizó la incertidumbre caótica que genera la pandemia para justificar reprimir las fronteras terrestres, posicionando al fenómeno migratorio como un movimiento de alto riesgo, provocando una situación de alerta. Luego, el Ministro de Salud en conferencia para informar el estado de la pandemia en el país, señaló a migrantes con situación migratoria irregular como una población altamente contagiosa porque no se realizan el examen, obviando convenientemente las barreras de acceso a la salud, el tipo de ocupación laboral que implica una exposición mayor, condiciones habitacionales vinculadas a la condición migratoria, por mencionar algunos factores. Como respuesta a este supuesto peligro caracterizado por el Ejecutivo como ineludible e implacable, el pausado y tramitado proyecto de Ley de Migraciones retomó actividad parlamentaria con suma urgencia. La presión por legislar de manera rápida responde, según los hechos, a la realidad de un presente construido mediáticamente que representa un desorden inducido. Cabe destacar que, en medio de la tramitación del proyecto de ley, casi un mes después, en medio de una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, el senador Iván Moreira señaló a la migración como una segunda pandemia, del mismo modo que la portada antes mencionada, solo que esta vez la alusión era explícita. Uniendo los acontecimientos, se observa cómo se ha construido desde las autoridades de gobierno y medios de comunicación un relato político que gestiona el fenómeno migratorio desde una perspectiva bélica, alejada de un enfoque que reconozca los principios de igualdad y no discriminación, tal como sugieren diferentes tratados internacionales de los derechos humanos.
Este relato se compone de expresiones y actitudes que, según las evidencias científicas, no se condicen con la realidad. Es más, la ocultan con mitos que construyen una realidad tergiversada: la migración como causante o acelerador de la pandemia. O como señaló el senador Moreira: la migración como una pandemia. Escenarios catastróficos brindados por el Ejecutivo y los medios elitistas que respaldan y justifican una acción vigorosa del estado: cierre de fronteras, fiscalizaciones en sus viviendas, suma urgencia del proyecto de Ley de Migraciones y mayores exigencias en el cumplimiento del pago de multas por motivos migratorios. La migración como el enemigo histórico de la nación reaparece en la crisis sanitaria del coronavirus, emergencia que parece sospechosa al ubicarse en el período previo a la explosión de contagios en el país y entre medio de confusos mensajes del gobierno central respecto a una “nueva normalidad”.
El racismo en tiempo de pandemia busca el castigo a la migración para despojarle de su humanidad y convertirlo en objeto del relato político sobre el manejo de la crisis. La violencia cotidiana y al mismo tiempo la institucional condicionan a la persona migrante a un régimen de desigualdad avalado tanto por la ley como por la opinión pública a medida que la criminalización del migrante adquiere fuerza. Qué mejor ejemplo que la condicionalidad a la que está sujeta la entrega del carnet de identidad para la persona migrante, documento sin el cual la vida en Chile se vuelve imposible: ir al banco, acceder a un trabajo, a seguros de protección social o al sistema de salud, son pocos los lugares donde tener este documento no es un requisito. Más aun durante la pandemia, donde las formas de moverse por la ciudad o de obtener ayudas estatales para enfrentar la crisis requieren de manera taxativa de los papeles de identidad.
La violencia institucional es, entonces, violencia racista que hace parte de una política organizada que busca mantener un orden social bajo las ficciones de las “razas”. La protección de la “raza chilena” como ficción que modela la realidad, se reproduce a través de la historia, con una capacidad de renovación que impresiona en cada nueva investidura. Hoy en día, la ficción del migrante indocumentado como figura que busca promover discursos de odio investidos en falsas promesas de seguridad contra un enemigo invisible.
Hoy el gobierno de turno canaliza el odio en pos de lograr sus objetivos, al mismo tiempo que condena cualquier expresión de rechazo o duda sobre su manejo político catalogando de violencia incluso la generación de información o datos alternativos a las cifras oficiales dictaminadas por su cuidadosa y onerosa estrategia comunicacional. Utilizan la contingencia inducida como una oportunidad para legitimar un desgastado y acabado proyecto político para generar la sensación de que existe un afuera y un adentro cuyas fronteras deben ser fortalecidas.
¿Cuál es hoy la diferencia entre libertad de expresión y los discursos de odio? ¿Cómo comprender los límites de la libertad que tiene una persona o un colectivo para expresar sus ideas sin dañar a otra persona o colectivo? ¿Hasta qué punto Chile ha reflexionado sobre la ética que nos debe guiar como sociedad, más allá de las diferencias de puntos de vista? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la clase política, más aun la autoridades del gobierno, y los medios de comunicación en el cuidado de los principios de no discriminación? Es decir, si poderes públicos expresan ideas abiertamente racistas y discriminatorias, ¿qué tipo de país estamos forjando? ¿Cómo puede una clase política condenar de manera tan enfática la violencia que se levanta contra la desigualdad, mientras que promueven las violencias hacia las personas que migran? ¿Hasta cuándo permitiremos que una elite económica y política siga construyendo la moral de la violencia, al mismo tiempo que la utiliza a su antojo para preservar su poder?
Urge preguntarse pero también trabajar sobre las consecuencias sociales e individuales que tienen los discursos contra la migración que la elite vocifera y difunde para producir el sentido común que se generaliza señalando a un(a) migrante como responsable de las desgracias sociales. Hay que rastrear los elementos que han hecho posible dicha estructuración de los sentidos y develar el engranaje racista que hace funcionar la violencia de estos discursos. Las profundas desigualdades sociales que hoy sufren los(as) migrantes y que van mellando también la vida de muchos chilenos(as), deberían ser examinadas desde quienes mueven los hilos para provocar enfrentamientos entre quienes viven situaciones similares. Porque también hay desigualdad en los sufrimientos sociales. Hay que seguir insistiendo en desalojar el racismo que tenemos dentro y hay que continuar porfiando en el esfuerzo por un humanismo que considere a la igualdad y la dignidad como derechos fundamentales.
El presente texto hace parte de la iniciativa comunicacional del proyecto ANID PIA SOC180008 “Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación”.
Perfil del autor/a:
